El regulador energético europeo alerta del riesgo de apagones en España los próximos tres años

La Agencia Europea de reguladores (ACER) ha reconocido oficialmente este pasado 11 de agosto el riesgo existente en España a nuevos apagones entre los años 2026 y 2028 y abre la puerta así a la aprobación del llamado mecanismo de pagos por capacidad, una suerte de 'seguro antiapagones'.

El pasado mes de julio, tras un proceso de audiencia pública y con informe favorable de la CNMC, la Dirección General de Energía fijó el Valor de carga perdida (VoLL) en 22.879 euros/MWh y el estándar de fiabilidad en 1,5 horas de pérdida de carga prevista (LOLE), que ahora ACER sitúa en las 4 horas y supone certificar este riesgo.

Esta decisión del organismo regulador abre la puerta a la aprobación de los llamados mecanismos de pagos por capacidad, que el Ejecutivo lleva tramitando desde 2021.El mercado de capacidad ha sido identificado tras el apagón por el Informe del Comité de Crisis como una medida para reforzar el sistema eléctrico e "incrementar la firmeza del sistema" y "con ello, los niveles de seguridad de suministro".

Estos mercados requieren aprobación por parte de la Comisión Europea y para ello, deben cumplir con una serie de requisitos con los que España ya cumple: Debe existir un riesgo en la seguridad de suministro, debe haber un compromiso por parte del Gobierno de tomar las medidas necesarias para eliminar las distorsiones que afecten al funcionamiento del mercado y, finalmente, debe someterse a consulta el mercado de capacidad.

El Gobierno se encontraba pendiente del visto bueno de Competencia, el área de Teresa Ribera, a esta medida que permitiría reducir el impacto de la llamada operación reforzada de Red Eléctrica.

Ahora, la compañía que preside Beatriz Corredor está despachando muchos más los ciclos combinados mostrándose claramente que son necesarios para la garantía de suministro y que están entrando por restricciones encareciendo así el recibo de los consumidores en PVPC.

Comisión de investigación

El apagón del pasado 28 de abril puso de manifiesto que la regulación estaba obsoleta y que el marco normativo no estaba adaptado al gran despliegue renovable que ha tenido lugar en España durante los últimos años, tal y como quedó patente ayer en la comisión de investigación del apagón en el Senado.

Hay consenso en el sector en que, para evitar repetir estos errores, urge actuar con celeridad y aprobar un mercado de capacidad, que evite que el riesgo identificado por los reguladores europeos se materialice con un nuevo apagón.

La intención del Ejecutivo es tratar de llevar a cabo la primera subasta antes de que acabe el año, pero, por el momento, siguen pendientes de recibir el visto bueno de Ribera, a la que enviaron su consulta a principios de este año.

En la sesión de la comisión de investigación del apagón comparecieron ayer Jorge Antonio González, director de Energía y proyecto de Losan, y el profesor Fernando Ley Llano, que advirtió del riesgo de cortes días antes del apagón en el Congreso.

El directivo de Losan reclamó una mayor transparencia en la información y que se investigue el impacto que pudo tener en el apagón las desconexiones de los autoconsumos.

Por su parte, Ley calificó de "tomadura de pelo" el informe del Gobierno por las partes consideradas confidenciales y del mayor error político de la democracia el cierre de las centrales nucleares. El 11 de septiembre comparecerá la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.