Sebastià Masas, presidente de AGL: "No queremos una población que vaya a dos velocidades, por eso pedimos un bono social GLP"

Posicionar al gas licuado como un aliado clave para conseguir la neutralidad climática, es uno de los retos de Sebastià Masas como nuevo presidente de AGL. Entre sus prioridades también está lograr un marco regulatorio estable que garantice la viabilidad económica de un sector que abastece a más de 10 millones de personas y negocios en España.

Hace pocas semanas que ostenta el cargo de presidente de la Asociación ¿Qué retos se plantea?

Como presidente de AGL, continuaré el compromiso de seguir impulsando el papel del gas licuado como una energía segura, accesible y esencial en la transición ecológica y la descarbonización. Entre las prioridades de la Asociación están la divulgación sobre los gases renovables, como el BioGLP y el rDME, por su capacidad para acelerar la descarbonización sin comprometer el suministro energético en todo el territorio, y la defensa de un marco regulatorio estable y sostenible que garantice la viabilidad económica del sector. Además, reforzaremos nuestra relación con la Administración y la sociedad civil para posicionar al gas licuado como un aliado clave hacia una economía neutra en carbono en 2050, especialmente por su eficiencia, bajo coste y utilidad en zonas ultraperiféricas o de difícil acceso.

¿Tienen los gases renovables, y en concreto el GLP, un futuro real en España?

Existe un potencial claro en gases renovables, como el biometano o el bioGLP, y lo que queremos es que se reconozcan como fuentes de descarbonización. Para poder avanzar e invertir con garantías, necesitamos seguridad jurídica y reglamentaria. De hecho, ya hay una parte del gas licuado que comercializamos que proviene de fuentes renovables, que se podría certificar. En el caso del GLP, hablamos de un tipo de combustible que usan unos 10 millones de personas y negocios en toda España, especialmente en zonas rurales y ultraperiféricas como Canarias, donde llegamos a través de camiones cisterna, bombonas o tubería, y que no tienen acceso a otras opciones para descarbonizar. Tenemos la infraestructura montada y, por tanto, no se necesitan grandes inversiones.

¿Se está barajando la posibilidad de que se establezcan cuotas mínimas obligatorias de gases renovables para su inyección en la red de gas natural?

Desde el sector se está debatiendo a nivel europeo. De hecho, hace poco ha habido una reunión en Polonia sobre este tema con el objetivo de establecer una regulación homogénea en todos los países europeos y así no se vaya a ver afectado el mercado europeo común.

Uno de los principales usos del GLP es como combustible para vehículos, lo que se conoce como autogas ¿Cómo va este mercado?

Creciendo año tras año. Con una inversión pequeña, entre 1.500 -2.000 euros, un usuario puede convertir su coche para que funcione con autogas. Las ventajas son múltiples: desde un menor gasto en combustible porque el autogas es mucho más barato, así como el acceso a la etiqueta ECO. Además, es un combustible mucho más limpio. Frente a los combustibles tradicionales, reduce un 96% las emisiones de NOX y un 99% las de partículas. De hecho, el coche más vendido en España en los dos últimos años es el Dacia Sandero en su versión GLP. El autogas es una solución viable, económica y medioambientalmente sostenible. En España ya hay casi un millar de gasolineras para repostar. No todos los usuarios tienen la opción logística y económica para pasarse a un vehículo eléctrico, ni todos los vehículos son aptos para electrificarse.

¿Es España el único país de Europa con una tarifa regulada para el GLP?

Es una peculiaridad española. En ningún país europeo existe una tarifa regulada. Aquí sí, tanto para el gas canalizado como para la botella. A raíz de las huelgas que los distribuidores convocaron a finales del año pasado, y tras años congelados, se ha logrado una primera revisión del tema del envasado, pero aún falta una segunda revisión para actualizar los costes de comercialización, tanto en el envasado como en el canalizado, porque llevamos desde 2015 con una situación de inflación generalizada que ha incrementado los costes operativos de transporte y distribución del gas, pero la fórmula con la que el Gobierno establece actualmente los precios de venta no refleja esta realidad. Se ha reconocido una parte del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que es un coste que tenemos, pero otros costes no se han reconocido. Estamos trabajando para que se sigan regularizando todos estos precios.

Recientemente se ha presentado AESAH, una nueva alianza sectorial de la que AGL forma parte ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa?

La Alianza por una Energía Sostenible y Accesible en el Hogar (AESAH), impulsada por AGL, FEGECA, CONAIF, Sedigas y AICE, nace con el propósito de promover una transición energética justa, eficiente e inclusiva en los hogares españoles, apostando por la neutralidad tecnológica y el aprovechamiento de todas las soluciones renovables y descarbonizadoras disponibles. Lo que buscamos a través de esta iniciativa es integrar a toda la cadena de valor del sector de las calderas y la producción de ACS para ofrecer al usuario una visión clara y transparente. Hemos detectado que hay mucha confusión en torno a si se pueden renovar calderas, si están prohibidas o no, y sobre qué tecnologías son válidas. Aclarar que no existe una única solución tecnológica y que hay que adaptarse a cada tipo de usuario. Cambiar una caldera por una bomba de calor puede costar entre 10.000 y 15.000 euros, mientras que sustituir una caldera por otra ronda los 2.000 euros. No todo el mundo puede permitirse esa inversión, ni técnica ni económicamente. Lo importante no es tanto el sistema que se utilice sino el tipo de energía que se consume. Un sistema eléctrico puede ser renovable o no, y con el gas ocurre lo mismo: si es un gas renovable, su uso puede ser perfectamente válido.

¿Qué marca actualmente la normativa europea respecto a las calderas de gas?

Actualmente, lo que impide el reglamento europeo es que los Estados miembros concedan subvenciones para la adquisición o renovación de calderas que empleen combustibles fósiles (gas, carbón, gasoil), salvo que haya un cambio de combustible y el sistema sea modulante. Por otro lado, aclarar también que las calderas no van a desaparecer. Se podrán seguir utilizando, siempre y cuando se alimenten de gases renovables.

AGL propuso el año pasado la creación del bono social GLP ¿Se ha producido algún avance?

Seguimos promoviéndolo para que nadie se quede atrás en el tema de la descarbonización. No queremos una población que vaya a dos velocidades. Por eso queremos que se apruebe un bono social GLP, tanto para la botella como para el canalizado, y poder ayudar así a las personas vulnerables. Estamos hablando con el Ministerio para intentar que se implante, igual que se ha hecho con el bono térmico y eléctrico.

¿Cómo afectó el apagón a las refinerías?

Hubo instalaciones que siguieron funcionando gracias a los grupos electrógenos, pero otras no. Fue un episodio costoso y, aunque no hubo desabastecimiento, el impacto económico es evidente. Esto demuestra la importancia de la diversificación energética.

¿Se plantean pedir indemnizaciones?

No lo sabemos aún. Primero habrá que saber en quién va a caer la responsabilidad del apagón.

¿Qué avances se están produciendo en materia de digitalización?

Se han dado pasos importantes en temas como la planificación de rutas, telemetrías, gestión de pedidos, atención al cliente, facturación electrónica y trazabilidad de botellas. Quizá no somos el sector más tecnológico de todos, pero estamos aplicando la Inteligencia Artificial y el Big Data para reducir emisiones y mejorar la eficiencia y calidad del servicio.