EY asegura que España es el país que más penaliza fiscalmente a sus centrales nucleares
- La consultora cree que afrontan una carga fiscal específica de hasta 28,6 euros/MWh
- Lamenta la falta de participación de las eléctricas en la gestión del fondo de desmantelamiento
Rubén Esteller
España destaca en el panorama europeo por mantener una estructura fiscal especialmente gravosa sobre su sector nuclear, lo que encarece notablemente los costes operativos de este tipo de centrales. Así lo refleja un reciente informe elaborado por la consultora EY, que ha comparado la fiscalidad y los mecanismos de financiación del desmantelamiento y la gestión de residuos radiactivos en siete países europeos con programas nucleares consolidados: España, Reino Unido, Bélgica, Francia, Finlandia, Suecia y Suiza.
El estudio subraya que España es el único país que aplica impuestos adicionales específicos relacionados con la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, además de diversas ecotasas autonómicas, algunas superiores a los 6 euros por megavatio hora (euros/MWh). En conjunto, estos tributos elevan la carga fiscal específica del sector nuclear español hasta los 28,6 euros/MWh netos, muy por encima de la media europea.
Entre las tasas que solo existen en España destacan el impuesto estatal sobre producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, el Impuesto sobre el Valor Económico de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), así como tasas específicas de vigilancia y seguridad gestionadas por la Guardia Civil y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
EY también señala que España es el único país entre los analizados donde los operadores nucleares no tienen participación alguna en la supervisión o revisión de los costes destinados al desmantelamiento y gestión de residuos. Esta función está completamente externalizada a la empresa pública ENRESA, encargada exclusivamente de determinar y gestionar estos costes.
Esta particularidad en la fiscalidad y la gobernanza nuclear española podría afectar a la competitividad del sector en comparación con otros países europeos, donde la gestión fiscal es más simplificada, transparente y orientada a la sostenibilidad económica del ciclo nuclear.
En términos financieros, España debe recaudar a través de la tasa ENRESA unos 17.253 millones de euros para cubrir los costes del desmantelamiento y la gestión de residuos radiactivos entre 2024 y 2100, de los cuales quedan pendientes actualmente más de 4.000 millones de euros.
Este enfoque singular y especialmente gravoso coloca a España en una posición de desventaja competitiva respecto a otros países europeos, según concluye el informe, lo que abre el debate sobre la necesidad de revisar el modelo fiscal nuclear español para equipararlo con los estándares internacionales de mayor eficiencia y transparencia.