La CNMC exigió a REE reforzar la independencia del operador del sistema

El nombramiento de María Concepción Sánchez Pérez como directora general de Operación de Red Eléctrica de España (REE), formalizado en junio de 2022, no fue una simple decisión corporativa. Estuvo precedida por el aval expreso de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tal y como exige la disposición adicional vigesimotercera de la Ley 54/1997 del sector eléctrico. Esta norma consagra una peculiaridad del sistema español: el Ejecutivo se reserva el poder de vetar o validar al máximo responsable de garantizar el equilibrio, la seguridad y la continuidad del suministro eléctrico nacional, en tiempo real.

Se trata, en apariencia, de un cargo técnico, pero la legislación lo eleva a la categoría de función de interés general, con una proyección institucional muy superior a la de una dirección empresarial convencional. No es casualidad: quien dirige la unidad de Operación del Sistema y Gestión de la Red de Transporte tiene en sus manos decisiones que afectan de forma directa a la estabilidad energética del país, como hemos podido comprobar esta misma semana con el apagón sufrido el pasado lunes.

Curiosamente, la máxima responsable de la operación del sistema eléctrico no ha comparecido en ninguna ocasión para dar explicaciones y ha dejado esta labor a uno de sus directivos.

Pero el giro más relevante no se ha producido en la ley, sino dentro del propio grupo Redeia. En diciembre de 2024, tras un análisis crítico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la separación efectiva entre transporte y operación, Redeia modificó el Código de Conducta del Operador del Sistema para reforzar su blindaje interno. La principal novedad fue la creación del Comité de Supervisión del TSO, un órgano inédito presidido por la propia presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, que actúa como vigilante funcional y ética de la directora de Operación.

Este comité, sin competencias formales de cese (reservadas al Consejo de Administración -en el que obviamente también está Corredor- ), sí tiene capacidad para supervisar decisiones, tramitar denuncias internas, resolver conflictos de independencia y recibir peticiones de amparo si se detecta interferencia indebida. En los hechos, supone una vigilancia interna permanente, auspiciada desde la cúspide del holding semipúblico.

La arquitectura de control se completa con un informe anual de independencia, que debe elaborar el área de Cumplimiento Normativo de REE. Este documento —auditado por una firma externa de reconocido prestigio— debe remitirse al Ministerio y a la CNMC antes del 31 de marzo de cada año. La normativa también exige su publicación en la web corporativa, dotándolo de un carácter cuasi público.

Red Eléctrica elaboró el informe correspondiente a 2023 y lo presentó en marzo de 2024. Posteriormente, en junio la CNMC emitió su informe que acabó también provocando la modificación del Código de Conducta del operador del sistema.

El aviso de la CNMC: independencia comprometida

El origen de estas reformas no fue voluntario. La CNMC, presidida por Cani Fernández, advirtió en un informe previo que el modelo vigente no garantizaba la separación funcional entre las actividades de transporte y operación del sistema. El regulador pidió la exclusión inmediata de la directora de Operación de comités estratégicos como el Ejecutivo, el de Compras o el de Supervisión del propio TSO, para evitar conflictos de interés con otras áreas del grupo.

Más allá de los órganos de decisión, la CNMC también cuestionó la estructura retributiva. Aunque la retribución variable a largo plazo de la directora ya se desvinculaba de parámetros ajenos al sistema, el regulador detectó que la retribución anual aún incorporaba objetivos ligados a la "excelencia en la gestión a nivel de grupo", lo que podía comprometer su independencia. La recomendación fue clara: vincular la remuneración exclusivamente a objetivos propios de la función operativa, sin reflejo alguno de los intereses del grupo empresarial.

Redeia ha manifestado que, en caso de exigencia, adaptará dichos indicadores para alinearlos con la actividad del Operador del Sistema, pero por el momento se desconoce si ha llevado a cabo estos cambios. Además, la CNMC recomendó extender estas salvaguardas al resto del personal clave de la unidad de Operación, evitando así que las garantías de neutralidad queden limitadas a su máxima responsable.

El punto más delicado se refiere al plan de incentivos a largo plazo, que prevé el pago en acciones de Redeia. Para la CNMC, este mecanismo no es compatible con la exigencia de independencia: quienes gestionan una unidad que debe operar sin influencia empresarial no pueden ser retribuidos con participaciones de la matriz.

Supervisión doble: garantía institucional o control político

El resultado es un modelo inédito en el sector eléctrico europeo: una dirección operativa que no solo necesita la aprobación del Gobierno para ser nombrada, sino que también está sometida a un control interno permanente desde el propio grupo. Una suerte de "doble blindaje", político y corporativo, que refuerza —en teoría— la neutralidad del Operador del Sistema frente a intereses comerciales… pero también lo acerca a la órbita del poder político.

El sistema busca garantizar que las decisiones técnicas más delicadas no se vean afectadas por incentivos cruzados o intereses empresariales, especialmente en un momento de transformación profunda del sistema eléctrico. Sin embargo, este diseño también plantea preguntas incómodas: ¿quién controla realmente la operación del sistema? ¿Dónde termina la supervisión legítima y empieza la interferencia política?

En plena aceleración de la transición energética y con crecientes tensiones regulatorias, el equilibrio entre profesionalización técnica, independencia funcional y control institucional se convierte en una cuestión de Estado. Y lo que está en juego no es solo la seguridad del suministro: es la credibilidad del modelo.

El Reino Unido ha llevado a cabo una transformación profunda en su modelo de operación del sistema eléctrico, centrada en la separación efectiva de funciones, la neutralidad del operador y la aceleración de la transición energética.

En 2019, se inició la reforma con la creación del Electricity System Operator (ESO) como unidad funcionalmente separada de National Grid, responsable de operar el sistema en tiempo real y garantizar su estabilidad. Sin embargo, se consideró que esta separación no era suficiente para asegurar una plena neutralidad frente a los intereses comerciales de la empresa matriz.

Como respuesta, el Gobierno británico anunció en 2022 la evolución hacia un operador del sistema completamente independiente, denominado Future System Operator (FSO). Este nuevo organismo, de carácter público y sin participación accionarial de empresas energéticas, asumirá funciones no solo en la operación eléctrica, sino también en la planificación del sistema gasista y la coordinación de la transición hacia un modelo descarbonizado.

El FSO operará bajo supervisión del regulador (Ofgem), pero con una gobernanza propia y con el mandato explícito de facilitar la integración masiva de renovables, gestionar la flexibilidad del sistema y garantizar la seguridad energética a largo plazo. Este cambio sienta un precedente europeo en términos de independencia operativa y ambición climática.