El almacén de gas de Doñana lleva doce años operando en un régimen provisional

El almacén subterráneo de gas natural de Marismas, situado en las inmediaciones del Parque Natural de Doñana, lleva más de doce años sin el acta definitiva de puesta en servicio, un requisito obligatorio que certifica que dicha instalación cumple con los parámetros técnicos y ambientales exigidos para su funcionamiento. En lugar de ello, el proyecto ha operado todo este tiempo bajo un régimen provisional, sin que se hayan regularizado sus condiciones hasta el momento, tal y como se desprende de un informe elaborado por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).

Según explica este informe, el acta provisional se extiende con carácter general, una vez verificadas las condiciones de las autorizaciones para la puesta en marcha, mientras que el acta definitiva se emite en un plazo máximo de un mes, desde la acreditación de que la instalación ha funcionado al menos 48 horas seguidas en el entorno de los parámetros nominales de inyección y extracción.

Esta situación supondría que en los doce años que lleva operando nunca se habrían alcanzado dichos parámetros y supone que los pagos para esta instalación sean en todo caso provisionales. Entre 2021 y 2022, la instalación ha recibido más de 4,2 millones de euros en concepto de costes de operación y mantenimiento, además de 160.000 euros por extensión de vida útil.

Nuevo sondeo

La situación ha saltado ahora a la primera línea pública debido a la solicitud de Trinity, el actual propietario, para ejecutar un nuevo sondeo, denominado Marismas-3NE, con el objetivo de reactivar la capacidad de almacenamiento.

Aunque el Gobierno argumenta que la infraestructura cuenta con declaración de impacto ambiental desde 2010, organizaciones como SEO/BirdLife, han presentado alegaciones formales, denunciando la obsolescencia de los informes y el riesgo para los acuíferos.

El nuevo sondeo se ubicaría junto a las masas de agua subterránea de La Rocina y Almonte, ya declaradas en mal estado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Las entidades ecologistas advierten que un incidente o fuga podría comprometer de forma irreversible el equilibrio ecológico y el abastecimiento agrícola de la zona. Ante esta situación, las organizaciones sociales y ambientales han pedido a los grupos parlamentarios que exijan explicaciones al Ministerio de Transición Ecológica. También instan al Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana a emitir un dictamen técnico, con respaldo de instituciones como el CSIC, la Estación Biológica de Doñana o el Instituto Geológico y Minero de España.

El Ministerio para la Transición Ecológica, consultado por elEconomista.es, defiende la actuación. Fuentes oficiales aseguran que no se trata de una nueva explotación, sino de una intervención técnica para resolver el fallo de uno de los pozos del sistema, inactivo desde abril de 2019.La inactividad del pozo Marismas-3 ha reducido en 0,8 TWh la capacidad operativa del almacenamiento, el equivalente a casi un día completo de consumo de gas en España. Este pozo está inactivo desde abril de 2019 y se ha tratado de que vuelva a funcionar sin éxito. Esta situación ha generado un perjuicio económico estimado en 37,8 millones de euros en diez años, debido a menores ingresos por cánones y a la imposibilidad de recuperar el gas almacenado por los operadores.

Repetición del sondeo

El Ministerio asegura que el sondeo es una repetición técnica del pozo ya perforado, que no presenta impactos adicionales y que cuenta con todos los permisos necesarios. Subraya además que se trata de la alternativa más barata y segura entre las disponibles, con un coste estimado de 4 millones, y que está cubierta por la Declaración de Impacto Ambiental del pozo original, así como por la Autorización Ambiental Unificada.

A juicio del Gobierno, no actuar supondría cargar al sistema gasista con costes adicionales, que terminarían repercutiendo en la factura de los consumidores. Entre estos costes se incluyen la pérdida de ingresos regulados por cánones -unos 2,3 millones anuales-, posibles indemnizaciones por el gas no recuperable retenido en la instalación (más de 2 millones de euros), y el valor no amortizado del gas colchón necesario para operar la infraestructura, cuyo importe supera los 11 millones de euros.

elEconomista.es se puso ayer en contacto con Trinity para recabar su opinión sobre la falta del acta definitiva de puesta en marcha de la instalación, así como de la oposición por parte de las organizaciones ambientales. Al cierre de esta edición, la compañía no había realizado ninguna declaración al respecto.

Naturgy vendió al fondo Trinity Capital la instalación en 2022

El almacenamiento 'Marismas' fue originalmente desarrollado por Gas Natural Almacenamientos Andalucía (GNAA), filial de Naturgy. En diciembre de 2022, y tras años de explotación provisional, el activo fue transferido a Trinity Capital.

Trinity es una compañía participada de Teset Capital, gestora de fondos independiente, centrada en ofrecer oportunidades de inversión en infraestructuras de transporte, de energía, sociales, medioambientales y de telecomunicaciones, con activos en la zona euro. Este fondo creó una nueva sociedad, Trinity Almacenamientos Andalucía (TAA), como titular formal de la infraestructura.

Teset Capital y Trinity Energy Storage lideran proyectos innovadores en almacenamiento subterráneo de hidrógeno verde, alineados con la estrategia europea de descarbonización con el proyecto EUH2STARS, centrado en el almacenamiento subterráneo de hidrógeno a gran escala en Europa. Teset Capital cuenta también Trinity Fibre Networks (TFN).