El Gobierno blinda el impuesto del 7% a las eléctricas que PP y Junts intentaron eliminar

El Gobierno se ha cargado de un plumazo el intento del Partido Popular y Junts de eliminar el impuesto del 7% sobre la generación eléctrica. El Ejecutivo ha aprobado una medida insólita al dejar sin efecto el Proyecto de Ley que regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero mientras se tramitaba en el Congreso de los Diputados.

La propuesta, respaldada con una enmienda por el Partido Popular (PP) y Junts, planteaba la eliminación desde el 1 de enero de 2025, siempre que el sistema eléctrico no incurriera en déficit de tarifa. Sin embargo, el Gobierno había bloqueado su aprobación en la Mesa del Congreso.

La decisión del Ejecutivo fue ya insinuada por la vicepresidenta de Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien destacó que suprimir este impuesto podría incrementar la factura eléctrica de los consumidores y desestabilizar el sistema.

La propuesta original de eliminar este impuesto, conocido como el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), surgió como una estrategia para reducir los costes de la electricidad y mejorar la competitividad de la industria. No obstante, Aagesen explicó recientemente en el Congreso que el sistema eléctrico necesita mantenerse equilibrado financieramente, ya que la supresión del mismo implicaría una reducción de ingresos que tendría que ser compensada por otras vías.

En palabras de la vicepresidenta: "Si no entran estos recursos, tienen que entrar de otro lado, y eso repercute directamente en los peajes y cargos que paga cada uno de los consumidores, incluidos los hogares, las empresas y el conjunto de la sociedad".

El IVPEE fue introducido como un tributo medioambiental que grava la generación de energía eléctrica. Su reactivación en 2024 se llevó a cabo de forma progresiva, tras haber sido suspendido temporalmente entre 2021 y 2023 como medida para aliviar el impacto del alto coste de la electricidad. Durante el primer trimestre de 2024, se aplicó una tasa reducida del 3,5%; en el segundo trimestre, esta aumentó al 5,25%, y desde julio volvió a su valor original del 7%. Este impuesto representa una carga significativa para el sistema eléctrico, con ingresos que han llegado a superar los 1.100 millones de euros anuales, y en algunos periodos incluso los 1.600 millones.

Desequilibrio tarifario

En 2023, el sistema eléctrico español registró un superávit de ingresos de 3.903 millones de euros. De esta cantidad, parte se destinó a cubrir los cargos correspondientes a 2024, mientras que el remanente se transferirá a 2025. A pesar de este superávit, fuentes del sector advierten que el equilibrio económico del sistema no es claro, en parte debido a decisiones tomadas en los últimos años que han afectado su sostenibilidad financiera. Estas mismas fuentes destacan que el mantenimiento del IVPEE sigue siendo una herramienta para garantizar ingresos estables que contribuyan al equilibrio del sistema.

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha cuestionado la continuidad del IVPEE, argumentando que este impuesto incrementa en un 7% el precio mayorista de la electricidad, un coste que se traslada al consumidor final, incluidas las empresas industriales intensivas en energía. Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza, señaló que este gravamen afecta negativamente la competitividad de la industria española frente a otros países de la Unión Europea, donde no existe un impuesto similar.

Según Reinoso, "mantener este impuesto equivale a restar competitividad a la industria española frente al resto de Estados miembro de la UE. Su eliminación contribuiría a preservar la competitividad de la industria manufacturera intensiva en electricidad y ofrecería una señal clara y estable a los inversores".

Pese a los argumentos a favor de su eliminación, el Gobierno considera que mantener el impuesto es crucial para la sostenibilidad del sistema. La vicepresidenta Aagesen reconoció que podrían estudiarse medidas específicas para beneficiar a las energías renovables. Según sus declaraciones, "eximir del pago del IVPEE a las renovables es algo que deberíamos analizar en referencia a la competitividad de esas instalaciones".

La medida adoptada por el Gobierno se produce irónicamente el mismo día en el que la Comisión Europea abre la puerta a los estados miembros a reducir los impuestos y gravámenes nacionales en la factura de la electricidad hasta los tipos mínimos y eliminar los gravámenes que no están relacionados con la energía y trasladar los que financian las políticas energéticas al presupuesto general.