El Gobierno plantea subastar la conexión a la red eléctrica de los centros de datos

Las eléctricas cuentan con solicitudes para puntos de acceso destinados a centros de datos por más de 16.000 MW. Este fuerte incremento de demanda –un 60% superior al año anterior– ha generado una profunda reticencia en el Gobierno que teme que una ola de especulación vuelva a copar el acceso a las redes –como ya pasó con las renovables– y dificulte el desarrollo de nueva capacidad industrial en nuestro país.

Ante esta situación, el Ministerio de Transición Ecológica ha cogido el toro por los cuernos y se está planteando un sistema de concursos que facilite que los puntos de acceso los reciban aquellos proyectos industriales que cuenten con una mayor viabilidad o dilucidar –cuando concurren varias peticiones– cuál puede tener una mayor viabilidad en una zona.

Según fuentes consultadas por este diario, a la hora de trazar la nueva Planificación energética –que será clave en dicho reparto– se espera que el Ejecutivo pueda tener en cuenta la facilidad para instalar nuevas plantas de generación renovable a la hora de otorgar una mayor capacidad de acceso, un extremo que supondría impulsar la llegada de los centros de datos a comunidades como Aragón o Extremadura, mientras que podría suponer una mayor dificultad para otras zonas como Madrid y Cataluña.

Transición Ecológica quiere evaluar la solvencia de las compañías y dilucidar las aportaciones a la economía del país de los proyectos para otorgar los correspondientes permisos de acceso de modo que se pueda garantizar que un desarrollo rápido de los centros de datos no acaba convirtiéndose en un tapón para la llegada de otro tipo de propuestas industriales que generen una mayor cantidad de empleo.

Petición del sector

Las eléctricas, por su parte, plantean que se extiendan los avales de los puntos de acceso actuales –a partir de 36 kV– al resto de potencias de alta tensión con la intención de poner en funcionamiento un sistema que facilite la detección de solicitudes planteadas por duplicado o incluso de compañías que han abandonado sus planes de inversión y que están copando una capacidad de acceso que realmente no va a generar una demanda de electricidad en el futuro.

Las empresas reclaman además la creación de alguna tipología de hitos que permita saber si en un plazo de cinco años, los promotores de estos puntos (ya sean industrias, centros de datos, etc.) siguen adelante y proponen algún tipo de recordatorio bianual que pueda servir para saber que se mantiene la vigencia de dichos proyectos.

En la actualidad, las grandes compañías se quejan de que hay del orden de 15 GW de capacidad solicitada –de los 50 GW que hay pedidos en total– que no saben si sigue adelante con sus planes, lo que supone bloquear potenciales nuevos accesos y ralentizar proyectos que podrían resultar viables.

Las eléctricas creen que de los 16.000 MW que tienen de peticiones ahora mismo sobre la mesa apenas se llegará a desarrollar una cuarta parte, una opinión con la que también comulga la patronal del sector Spain DC.

Más planificación

El Ministerio de Transición Ecológica está en estos momentos elaborando la futura Planificación energética a cinco años y cuenta con 7.000 peticiones de actuaciones para poder dar cabida a generación y demanda.

El Ejecutivo quiere acompasar la inversión en redes al incremento real de demanda eléctrica para evitar una subida del recibo de la luz de los consumidores.

Para lograrlo, tal y como recoge el borrador de Planificación energética, se espera incrementar con carácter general el volumen de inversión máximo como porcentaje del PIB hasta un valor que se considere suficiente para atender las necesidades de red previstas (52.360 millones) y se dejará un margen a las compañías para que si la retribución que finalmente se marque para el próximo periodo regulatorio es atractiva pueden reforzar sus planes de forma adicional.

Transición Ecológica quiere dejarse las manos libres para poder modificar en un plazo de entre uno y dos años la planificación energética de modo que pueda ajustar mejor las actuaciones incluidas para dar respuesta a las necesidades que vayan surgiendo o a la propia evolución real de la demanda.

El Gobierno estableció un límite anual del 0,13% del PIB para la inversión en redes de distribución, que es responsabilidad de las eléctricas y del 0,0065% para el transporte, responsabilidad éste de Red Eléctrica y no quiere que esas cantidades se le vayan de las manos.