El impuesto a las energéticas revive: las claves de un tributo que estaba casi enterrado

El pleno del Congreso de los Diputados votará este jueves la ley que establece un tipo mínimo impositivo para las grandes empresas, lo que está obligando al Gobierno a hacer extraordinarios equilibrios para sacarlo adelante, como revivir el impuesto a las energéticas, que hace un par de semanas había sido enterrado por Junts y PNV y con todo sector protestando y amenazando con retirar inversiones.

¿A qué empresas se aplica el actual gravamen?

Este impuesto, cuya vigencia concluye el 31 de diciembre, es de aplicación a todas las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no sea la principal; así como a las productoras de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino en España.

El impuesto ha gravado durante dos años (2023 y 2024, con referencia a las cuentas del ejercicio anterior) las ventas de estas compañías con un tipo del 1,2 %, a excepción de los ingresos regulados (tarifas reguladas de luz y gas, y redes de transporte y distribución de electricidad y gas), así como los obtenidos fuera de España. Según datos de Hacienda, con la aplicación del gravamen extraordinario ha recaudado 1.164 millones el último año y 1.644 millones en el anterior.

¿Cómo se reparte el impuesto?

Repsol ha sido el mayor contribuyente por este impuesto, con casi 800 millones (444 millones en 2023 y 335 millones en 2024); seguida de la segunda petrolera en España, Cepsa, que ha tenido que contribuir con 570 millones (325 y 244 millones, respectivamente).

A continuación se sitúa la eléctrica Endesa, con 410 millones (208 más 202 millones); seguida de Iberdrola, con 370 millones (213 más 157 millones), y Naturgy, con 254 millones (165 más 89 millones).

¿Cuándo fue aprobado el impuesto a las energéticas?

El gravamen original fue aprobado a finales de 2022, en plena crisis energética, con carácter temporal (dos años) y extraordinario, para que las energéticas, que, según el Gobierno, se beneficiaban de los altos precios que había alcanzado la energía y obtenían beneficios récord.

¿Por qué iba a desaparecer el impuesto?

La naturaleza del impuesto es temporal pero el Gobierno lo quería convertir en permanente. No en vano lo había comprometido en sus planes presupuestarios a la Comisión Europea. Pero en las negociaciones de la reforma fiscal, Junts y PNV consiguieron sacar de la mesa de negociación el impuesto de las energéticas. Sin embargo, la tasa energética está respaldada por algunos socios de Sánchez, como Sumar y Podemos.

¿Qué ha pasado para que reviva?

Ahora mismo se ha convertido de nuevo en una baza a jugar para sacar adelante el impuesto a la banca. Junts y PNV se oponen a la continuidad del gravamen, mientras que Sumar (socio minoritario del Gobierno), ERC, EH Bildu y BNG lo apoyan. Con estos últimos, los socialistas se han comprometido a prorrogar un año la aplicación del impuesto mediante un real decreto-ley, algo que, según dicen, no alteraría el acuerdo que tienen con Junts para que no afecte a empresas que invierten en la descarbonización.