Energía

Delcae estrena las certificaciones de ahorro energético en Andalucía, un mercado potencial de 3.000 millones

Honorato López Isla y Elena González, fundadores de Delcae.

Juan Esteban Poveda

Delcae, empresa independiente de certificación de ahorros energéticos (CAE), ha iniciado sus operaciones en Andalucía, un mercado potencial de 3.000 millones de euros hasta 2030. Su primer CAE en la comunidad es también el primero que se registra de forma oficial, concretamente para el proyecto de servicios energéticos que Ferrovial ha llevado a cabo en Fibes, el Palacio de Ferias y Congresos de la capital andaluza, que supone 1,9 GWh de ahorro.

"El sistema CAE es una gran oportunidad para las empresas andaluzas, que al realizar mejoras en sus procesos de gestión de la energía (por ejemplo, sustitución de equipos o de la envolvente térmica de edificios y mejoras en la producción) no sólo pueden lograr ahorros de costes, sino también rentabilizarlos mediante su certificación. Igualmente, pueden acceder a estos certificados comunidades de propietarios, centros comerciales y pymes", asegura la empresa.

Mercado andaluz

Durante la presentación de Delcae en Sevilla, la consejera delegada, Elena González, destacó el potencial del mercado andaluz. "Basta pensar en la necesidad de refrigeración en los meses de calor para darse cuenta de la oportunidad que representa la eficiencia energética". Y añadió: "La eficiencia energética está en el centro de las políticas europeas por tres razones: luchar contra el cambio climático, reducir la dependencia energética y hacer más eficiente y competitiva a la industria".

En Andalucía ya han señalado a la potente industria agroalimentaria como uno de los campos donde hay más potencial.

En la comunidad tienen su sede al menos tres de los operadores acreditados en el registro del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía), para un total nacional de una treintena de agentes homologados para hacer los certificados. En Delcae insisten en que el resto de empresas registradas operan en el sector energético, consultoría u otras ramas, y tienen los CAE como una actividad complementaria en su cartera de servicios. La suya, aseguran, es la primera compañía independiente dedicada en exclusiva en estos certificados.

Ex Fenosa y Acciona

En el año 2001 Honorato López Isla era consejero delegado de Unión Fenosa. La empresa de gas y electricidad decidió ofrecer a sus clientes soluciones de eficiencia energética. Fruto de aquel posicionamiento, la empresa creó el Energy Lab, un centro tecnológico de carácter privado y sin ánimo de lucro que desarrolla actividades de I+D+i en el ámbito de la eficiencia energética. Elena González, la actual consejera delegada de Delcae, fue su primera directora.

Honorato López Isla, a través de su empresa, Elena González y otros dos exdirectivos de Acciona Energía, Javier Avendaño y Javier Martínez Belotto, son los accionistas de Delcae.

Un nuevo mercado

El CAE tiene su origen en la Directiva europea 2023/1791, que obliga a España a un ahorro acumulado de 53.593 kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep) entre 2021 y 2030. Según la cotización actual media del megavatio (MW) de ahorro energético, se calcula que esta actividad puede superar un valor de 22.000 millones de euros en todo el país. Así, tomando como referencia la cuota de Andalucía en el Producto Interior Bruto (PIB), en esta comunidad podría alcanzar los 3.000 millones.

Esta directiva fue traspuesta a la legislación española a finales de 2023. Nació así este sistema CAE, que se compone de dos figuras legales: el sujeto obligado, aquel que tiene la obligación de comprar certificados de ahorro energético o, en su defecto, contribuir con cantidades asignadas anualmente al Fondo Nacional de Eficiencia Energética; y el sujeto delegado, aquel que está oficialmente acreditado para certificar los ahorros de empresas y particulares.

Los sujetos obligados son las empresas productoras y comercializadoras de petróleo, gas y electricidad. En el año en curso estas compañías tendrán que justificar en CAE 795 millones de euros o, en su defecto, ingresar esta cantidad en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética.