Energía
La japonesa JGC reclama en EEUU la ejecución de su laudo contra España
- El arbitraje obliga a desembolsar 23,5 millones por el recorte a las renovables
Rubén Esteller
La japonesa JGC ha presentado una denuncia ante la justicia estadounidense para reclamar al Gobierno de España el pago del laudo dictado por el Banco Mundial por el recorte de las primas de las renovables.
La compañía, cuya facturación anual supera los 5.000 millones de euros, operaba dos plantas de energía solar en la provincia de Córdoba y sufrió la retirada retroactiva de dichas primas.
Al igual que otro gran grupo de empresas, la japonesa presentó en junio de 2015 una denuncia por el incumplimiento del Tratado de la Carta de la Energía que fue dirimido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) y que culminó con la publicación del laudo definitivo en noviembre de 2021. El tribunal condenó a España a pagar 23,5 millones.
El gobierno ha incumplido esta obligación y, casi dos años después, la corporación nipona ha decidido llevar a España ante la justicia estadounidense, reclamando que registre el laudo y exija su cumplimiento o autorice medidas compensatorias como el embargo de bienes y activos en suelo estadounidense.
Este no es el único procedimiento abierto ante la justicia estadounidense. La estadounidense NextEra ganó un arbitraje valorado en más de 300 millones de euros, si se considera el pago de la indemnización pendiente, el abono de las costas y el desembolso de los correspondientes intereses de demora.
La justicia británica ya está embargando bienes y activos españoles de forma cautelar. La Corte Suprema australiana ha autorizado medidas similares que se concretarán en los próximos meses.
Este verano, la Cámara de Comercio se ha personado ante la justicia estadounidense para pedir a los tribunales que tomen cartas en el asunto y respalden la posición de NextEra, JGC y demás empresas denunciantes.
El gobierno de Estados Unidos también ha movido ficha. En el último informe país del Departamento de Estado, la Administración Biden advirtió de la inseguridad jurídica que han provocado estos impagos.
Por contra, en la parte que respecta al laudo de Antin, recientemente el juzgado ha atendido la petición de España de paralizar el proceso.
En suma, las indemnizaciones pendientes de pago superan ya los 1.200 millones de euros. La cifra es incluso más abultada si se consideran las condenas en costas, los intereses de demora o los honorarios de consultoras y abogados, hasta el punto de que estos capítulos añaden 250 millones al coste del proceso.