Argentina, a punto de cerrar un acuerdo de 15.000 millones por la renacionalización de YPF

El Gobierno de Argentina está cerca de cerrar un acuerdo de 15.100 millones de dólares por la condena por daños y perjuicios a la que fue sentenciado el país en un juicio en Estados Unidos por la renacionalización en 2012 de la petrolera estatal YPF, según informan medios locales argentinos como Clarín. En aquella sentencia la juez no imponía una cantidad concreta sino que animaba a las dos partes a fijar ellas la indemnización, pero los cálculos que esbozaba apuntaban a un pago de 16.000 millones, que el Gobierno argentino solo habría querido negociar ligeramente a la baja.

Oficialmente, el Gobierno de Alberto Fernández insiste en que solo aceptaría el pago de otros 5.000 millones a los demandantes, como argumentó inicialmente durante el juicio. Pero Sebastián Maril, de la firma Latam Advisors, que está siguiendo de cerca el caso, señaló en las últimas horas que el Gobierno argentino habría reconocido la mayor parte de la deuda.

Del importe total que debe abonar Argentina, más de 11.000 millones corresponderían al fondo Burford, financiador del pleito, y el resto lo percibirían Repsol (con unos 1.500 millones) y las sociedades de la familia argentina Eskenazi. Entre ellas hay dos firmas españolas, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que llevan desde la expropiación en concurso de acreedores.

Estos fondos reclamaban que, en el momento de la nacionalización de YPF en 2012, Argentina debía haber realizado una oferta de adquisición por toda la empresa (como fijaba los estatutos de la empresa) y no solo por una parte. El Gobierno, que entonces presidía Cristina Fernández de Kirchner, pagó solo 5.000 millones a Repsol por el 51% de las acciones de la firma, dejando al resto de los accionistas sin poder ni indemnización. En la actualidad, toda YPF está valorada en unos 5.200 millones de dólares al tipo de cambio del mercado libre.

"El Tribunal considera que los demandantes fueron perjudicados por Argentina, porque ellos tenían derecho a recibir una oferta pública de adquisición que les hubiera proporcionado una salida compensada pero no lo hizo", recogía la sentencia. Por ello, condenaban a Argentina a pagar una cantidad proporcional a los 5.000 millones de Repsol por el 49% restante de las acciones, más unos intereses del 8% anual por cada uno de los 11 años transcurridos desde la nacionalización.

Furia de Kirchner

De cerrarse esta indemnización, el fondo Burford firmaría unas ganancias de casi el 37.000%, respecto a lo que pagó por los derechos de litigio que está ejerciendo. Un beneficio mayor incluso que el que obtuvieron los llamados "fondos buitres" que compraron deuda argentina en impago tras la crisis de 2001 y lograron que el Gobierno la pagara más de una década después.

Precisamente, Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta, acusó a la Justicia de EEUU de "estar a favor de los fondos buitres", recordando varias denuncias de corrupción hechas públicas en las últimas semanas contra uno de los jueces del Supremo estadounidense, el conservador Samuel Alito.

La condena, conocida el pasado viernes 8 de septiembre, supone un duro golpe en un momento en el que la situación financiera del país latinoamericano es cada vez más precaria, con una elevada inflación que lleva varios meses superando el 100% interanual y que ya ha alcanzado el 124% en agosto. Y todo ello a las puertas de unas elecciones presidenciales en el que el candidato que parte en cabeza, el libertario Javier Milei, propone dolarizar el país.