El atasco burocrático frena el despliegue de la infraestructura de carga eléctrica

Uno de cada cuatro puntos de recarga instalados en España no están operativos por falta de permisos. Poner solución a este atasco burocrático, especialmente a la hora de obtener los permisos de funcionamiento, es fundamental para acelerar el despliegue del vehículo eléctrico en el país.

Con el propósito de abordar los retos a los que se enfrenta el sector, elElconomista.es, en colaboración con Siemens, organizó ayer el Observatorio: Los retos de la red energética para avanzar en la e-movilidad. Este encuentro contó con la participación de Fernando Silva, director general de Siemens Smart Infraestructure para España y Portugal, y CEO de Siemens Portugal; Stephane de Creisquer, CEO de MAN Truck & Bus; Arturo Pérez de Lucía, director general de Aedive; Alberto Cantero, CEO de Wenea; y Carlos Bermúdez, gerente Desarrollo de Negocio de Repsol.

España tiene potencial para convertirse en "el tercer pilar de la Unión Europea" en el negocio de la movilidad eléctrica, junto con Francia y Alemania, aseguró el responsable de Siemens Smart Infraestructure para la Península Ibérica. Para no perder esta ventaja, es necesario acabar con las actuales barreras administrativas.

"El mayor cuello de botella se encuentra en los trámites con las distribuidoras", explicó el gerente Desarrollo de Negocio de Repsol, Carlos Bermúdez, quien reveló que del total de solicitudes que ha realizado la compañía, solamente ha ejecutado un 37%, con un plazo mínimo medio de nueve meses ya que el resto ha tenido una tramitación mucho más larga. "Los elevados plazos para la obtención de licencias por parte de la Dirección de Carreteras y en el proceso de legalización de los puntos también lastran el desarrollo", añadió.

Actualmente algunas empresas están instalando dos puntos de recarga al día, pero únicamente es posible poner en servicio al ciudadano unos nueve al mes. Tal es la lentitud de la burocracia a la hora de conectar los puntos de recarga a la red eléctrica que el tiempo medio para poner en marcha un poste de hasta 100 kW es de entre 10 y 12 meses. Para más de 100 kW alcanza lo 22 meses y, en algunos casos, incluso 36 meses. Estas barreras pueden dividirse en la obtención de las licencias, las gestiones con Distribución (especialmente para el entronque final con la línea de distribución y el cierre del expediente correspondiente) y la legalización en Industria de la instalación.

Para el CEO de Wenea, Alberto Cantero, las distribuidoras podrían flexibilizar sus procesos ofreciendo a los operadores "un mapa de disponibilidad de potencia", con el objetivo de desplegar "una infraestructura efectiva desde el punto de vista de costes y de gestión de la red". Según el experto, también podrían ofrecer alternativas cuando un punto de conexión no tiene la capacidad requerida o disponer de un interlocutor que colabore en el seguimiento del proceso.

En este sentido, el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucía, recalcó la importancia de que exista una colaboración entre empresas y público-privada para eliminar todas esas barreras. El responsable de la patronal de movilidad eléctrica abogó por plantear incentivos fiscales en la adquisición de vehículos, construir la infraestructura en base al parque previsto (solo un 36% del parque actual es susceptible de usar esa carga pública) y trabajar para un despliegue de las infraestructuras de recarga de los vehículos industriales.

El gerente Desarrollo de Negocio de Repsol también quiso recordar la importancia de "priorizar la calidad sobre la cantidad". Para poner en contexto, a finales de 2022 había una proporción de un punto de recarga por cada seis vehículos eléctricos y por cada 11 híbridos enchufables, frente a 2.000 de combustión por cada gasolinera. "Para este nivel de demanda la infraestructura está sobredimensionada", dijo Bermúdez. Según el último anuario de Aedive, la media de utilización de los puntos de carga públicos es del 4,2%.

Sin embargo, el CEO del fabricante de vehículos industriales MAN Truck & Bus aseguró que el sector de la automoción dispone de una cartera de productos desarrollada y un dominio de la tecnología, "pero hace falta infraestructura de recarga pública". "Tenemos dudas sobre la capacidad de las compañías eléctricas para suministrar a nuestros clientes la potencia necesaria para una recarga que no interrumpa el flujo logístico", apuntó Stephane de Creisquer, quien reclamó inversión pública para montar estaciones compatibles con el tamaño y con las dimensiones del vehículo industrial. En este punto del debate, el responsable de MAN quiso recordar que el 92% de las mercancías que se transportan en España viajan por carretera.

Eso sí, una cuestión señalada por Carlos Bermúdez, y secundada por el resto de expertos, fue la importancia de profesionalizar la estructura de recarga eléctrica. En este sentido solicitó una mayor instalación de puntos de carga de alta potencia (adecuada a los tiempos de estacionamiento), potenciar el mantenimiento de la infraestructura y acceso universal en lo que a medios de pago se refiere.

"Al conductor de vehículo eléctrico hay que darle mecanismos para que pueda enriquecer su experiencia de usuario: facilidades para acceder al punto o realizar el pago, incorporar TPV para poder procesar pagos a través del sistema de datáfono, interoperabilidad o puntos de venta dentro de las estaciones", añadió Alberto Cantero.

En este sentido, Fernando Silva, CEO de Siemens Portugal, aseguró que, la infraestructura de recarga debe desarrollarse, "adecuando su configuración a las necesidades de todos los usuarios", de modo que pueda incorporar "comunidades y energéticas, almacenamiento de energía, gestión de redes inteligentes o incorporación de renovables".

Flexibilizar la demanda

Los expertos quisieron destacar el papel de la infraestructura de recarga como almacenador de energía. El sistema Vehicle to Grid (V2G o del vehículo a la red) permite a los coches eléctricos devolver energía a la red eléctrica, por lo que puede servir de soporte a la red eléctrica para equilibrar los problemas de producción y consumo en tiempo real. "Para que nos hagamos una idea, 100.000 vehículos eléctricos conectados a un punto de carga de 7,4 kW en tu casa son 740 megavatios (MW) de capacidad en batería conectados al sistema".

Para poner en perspectiva, el Borrador Actualizado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 establece la meta de instalar 2.500 MW de capacidad en baterías y 3.500 MW en sistemas de bombeo hidroeléctrico para el año 2030.

"El sistema de recarga del vehículo eléctrico no puede vivir aislado de todo lo que le rodea, es decir, de la red eléctrica, los edificios y las infraestructuras. Todo ello se va a tener que gestionar de una manera cada vez más integrada, bajo una capa digital de conectividad y analítica", defendió el director general de Siemens Smart Infraestructure para la Península Ibérica y CEO de Siemens Portugal.

Pese a todos los esfuerzos, los ritmos actuales de despliegue de parque e infraestructura eléctrica todavía no son suficientes para cumplir con las directrices europeas. Según reveló el responsable de Aedive, a cierre de 2023 habrá unas 35.000 infraestructuras de recarga operativas, unas 12.000 pendientes del permiso necesario para comenzar a operar y una matriculación entorno a 130.000 vehículos eléctricos. "Tendríamos que estar matriculando desde este año a final del 2030 unos 600.000 vehículos eléctricos", alertó Arturo Pérez de Lucía.

"La industria de la automoción ha invertido miles de millones en desarrollar vehículos que hoy ya están listas", recordó el CEO de MAN Truck & Bus. En las últimas décadas España ha ganado el segundo puesto europeo de fabricación y producción de vehículos. "O nos marcamos unas directrices claras con unas políticas industriales armonizadas o nos jugamos todo lo que hemos conseguido en las últimas décadas", advirtió.