Industria extrema la vigilancia sobre Alcoa y Alu Ibérica antes de darles subvenciones

El Ministerio de Industria ha decidido extremar la vigilancia sobre Alcoa y Alu Ibérica. Para ello, el departamento que dirige Reyes Maroto ha enviado sendos requerimientos a ambas empresas solicitando información sobre la evolución de su producción y empleo, mes a mes, desde finales de 2018, desglosada por actividades productivas.

A Alcoa, además, se le ha preguntado por su previsión respecto al ERE que ha presentado, reducción de personal y plantilla final, desglosada por actividad productiva. Todos estos requerimientos se solicitan en el marco del proceso de adjudicación de la convocatoria del mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero correspondientes al año 2019 y en cumplimiento de la regulación de estas ayudas.

Las empresas disponen de 10 días para remitir los datos solicitados en sendos requerimientos, así como para presentar las posibles alegaciones a la propuesta. Pasado ese periodo, el Ministerio de Industria volverá a analizar la situación para determinar si se adjudican las ayudas o no.

Con estos pasos dados por el Gobierno, ambas empresas ven como se incrementa la presión para garantizar el empleo.

Alcoa se ha negado, por el momento, a vender la planta de San Ciprián ni a Liberty House, ni a la Sepi, lo que ha provocado que el Ejecutivo ya haya comenzado a analizar la opción de una posible nacionalización de la compañía.

Esta situación, no obstante, está llena de peligros para España puesto que podría acabar en los tribunales internacionales.

El fondo de rescate que gestiona la Sepi podría plantearse el desembarco en la compañía pero para ello debería ser Alcoa la que lo solicitara, lo que supone que había que habilitar una compra de la empresa, así como el dinero necesario para mantenerla, un negocio extremadamente dudoso para un estado.