Ribera anuncia que 102.000 empresas han solicitado rebajar su potencia eléctrica
- Transición Ecológica cifra en 14.199 autónomos los que han suspendido sus contratos
- Más de 70.000 clientes se benefician de la prórroga del bono social
Rubén Esteller
La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparece hoy en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de las medidas adoptadas por su departamento para afrontar el coronavirus.
La vicepresidenta explicó que un total de 102.000 empresas se han podido beneficiar hasta finales de abril de la reducción de potencia y 14.199 autónomos han optado por la suspensión de los contratos al haber visto reducido en más de un 75% sus ingresos.
Además, Ribera ha explicado que durante este periodo se ha garantizado el derecho a la percepción del bono social a los autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación, en el mes anterior a la solicitud, al menos un 75% con respecto al semestre anterior y como consecuencia del COVID-19. Más de 7.000 profesionales han solicitado el bono social bajo este supuesto y más de 2.300 ya son beneficiarios del mismo.
El MITECO ha prorrogado automáticamente hasta el 15 de septiembre la percepción del bono social de electricidad a los beneficiarios a los que les vencía antes de dicha fecha. Según las estimaciones del ministerio, 70.000 hogares se benefician mensualmente de esta medida.
Asimismo, se han mantenido vigentes los precios máximos de venta, antes de impuestos, de la bombona de butano, establecidos el 14 de enero de 2020, lo que se estima que beneficia a 5,5 millones de consumidores. Además, se ha actuado con la tarifa de último recurso (TUR) de gas, que sólo se ha permitido revisar a la baja. Se calcula que hay alrededor de 1,6 millones los posibles beneficiarios de esta medida.
Ribera ha detallado las medidas adoptadas para mitigar el impacto en los operadores energéticos para evitar que asuman mayores cargas de tesorería y facilitar su papel en la aplicación de las medidas de protección a los hogares, empresas y autónomos. Así, se ha eximido a las comercializadoras de electricidad y gas natural de afrontar el pago de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución asociados a los autónomos que suspendan sus pagos durante el estado de alarma. También se han dejado exentas de liquidar el IVA, el Impuesto Especial de la Electricidad y el Impuesto Especial de Hidrocarburos de las facturas cuyo pago haya sido suspendido. Además, se pueden acoger a la línea de avales establecida Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, por el que se establecieron medidas urgentes para hacer frente al impacto del COVID-19; y a cualquier otra línea de avales que se habilite con este fin específico.