San Juan, 11 may (EFE).- La Cámara de Representantes de Puerto Rico allanó el camino para el proyecto que permitirá vender activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), medida que el Gobierno espera transforme la corporación, convertida en uno de los principales problemas de la isla, en especial tras el huracán María.

La Cámara Baja aprobó el Proyecto 1481 -el cual deberá ratificar el Senado- que crea la "Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico", la cual da vía libre a la venta de activos de la AEE, compañía cuya capacidad para afrontar la temporada de huracanes fue puesta en duda hoy.

La representante de Puerto Rico ante el Congreso en Washington, Jenniffer González, dijo que la isla, que es un Estado Libre Asociado de EE.UU., no está preparada para la nueva temporada de huracanes que comienza en junio.

"La realidad es que no estamos listos. Hay todavía sectores de la montaña sin electricidad", señaló González sobre la recuperación del servicio energético, que no ha conseguido todavía al 100 % la AEE cuando se cumplen casi 8 meses del paso del huracán María.

La ley tiene como fin establecer la política pública del Gobierno en cuanto al sistema eléctrico y autoriza el marco legal requerido para la venta, disposición y transferencia de activos de la AEE.

Además, enmienda la "Ley de la Autoridad Eléctrica de Puerto Rico", La "Ley de las Alianzas Públicos Privadas" y la "Ley de Transformación y Alivio Energético".

Según la exposición de motivos, la AEE se ha convertido en una carga pesada para la población de la isla, rehén de su deficiente servicio y de su alto costo.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Planificación de la Cámara Baja, Víctor Parés, presentó un informe positivo y dijo que con la medida se contará con herramientas para crear un sistema más resistente.

Señaló además que el precio que paga actualmente la población es costoso y el servicio es ineficaz.

El legislador del opositor Partido Popular Democrático (PPD) Jesús Manuel Ortiz indicó que el proyecto aprobado para la AEE ignora los reclamos de expertos de la industria y miembros del Senado federal, además de poner en juego el desarrollo económico del país al fallar en poner metas para reducir el costo de la electricidad.

"Me preocupa que esta medida no establece métricas claras para bajar el costo por kilovatio/hora. Ni siquiera se incluye la reducción o estabilidad en el costo energético en la declaración de política pública de la medida. No podemos darnos el lujo de entrar en otro proceso de privatización a cualquier costo", sostuvo.

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) -principal sindicato de la AEE-, Ángel Figueroa, denunció complicidad entre la Cámara Baja y la entidad federal de supervisión al Ejecutivo, Junta de Supervisión Fiscal (JSF), para la privatización de la compañía pública.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció en enero la privatización de la AEE, corporación que algunos analistas catalogan de "mastodonte" con estructuras anquilosadas que ralentizaba el crecimiento, además de prestar un servicio caro e ineficaz.

La patronal desde el primer momento apoyó la privatización, mientras que los sindicatos defienden que esa medida no garantiza un mejor servicio y que la consecuencia más probable será un aumento de tarifas.

La privatización está diseñada para la generación, mientras que para la distribución y transmisión, también en manos de la AEE, se ha optado por la concesión a término definido.

La población y empresarios se quejan desde hace años de un deficiente servicio y tarifas que en el caso de las empresas condicionan su cuenta de resultados y actividad exportadora.

La AEE está inmersa en un proceso de quiebra provocado por la imposibilidad de afrontar el pago de su millonaria de su deuda.

La compañía se rige por el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica (Promesa, por sus siglas en inglés), norma aprobada por el Congreso en Washington, debido a no poder hacer frente al pago de una deuda de 9.000 millones de dólares.