Perú intenta buscar una salida a un conflicto con Enagás de 400 millones

Martín Vizcarra, presidente de Perú, se ha comprometido a buscar una solución al conflicto del país con Enagás por el Gasoducto Sur Peruano (GSP), una gran infraestructura paralizada en enero de 2017 -el contrato de construcción y gestión durante 34 años ascendía a unos 6.500 millones de euros- que enfrenta al Estado y la empresa en un arbitraje internacional en el Banco Mundial por 400 millones.

En enero de 2017, Perú detuvo las obras del GSP, un gasoducto de 1.080 kilómetros desde el yacimiento de Camisea, en los Andes del sur del país, hasta el puerto de Ilo, otorgado en régimen de concesión a un consorcio formado por la brasileña Odebrecht (55%), Enagás (25%) y la peruana Graña y Montero (20%). El escándalo de corrupción de la firma carioca estaba en un punto álgido y el consorcio no pudo acometer el Cierre Financiero, con lo que se ejecutaron las garantías presentadas, que en el caso de la empresa española ascendían a unos 225 millones, según el tipo de cambio actual.

De acuerdo con el contrato, el Gobierno peruano tenía que haber subastado los bienes de la concesión -unos 4.000 trabajadores ya habían instalado una décima parte de los ductos y más de la mitad de las tuberías estaba en el país-, para pagar las obligaciones del consorcio con terceros y, en su caso, restituir las aportaciones de capital de sus integrantes, que en el caso de Enagás ascienden a casi 250 millones, según el cambio actual.

Recuperar toda la inversión

La firma presidida por Antonio Llardén viene insistiendo en que los bienes del consorcio, valorados en casi 1.800 millones, son suficientes para recuperar toda su inversión, pero el caso es que el Gobierno no ha subastado dichos activos y la empresa española, para defender sus intereses, decidió reclamar ante el Centro de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial el pasado mes de julio.

El litigio está en fase de constitución del Tribunal Arbitral y, atendiendo a la duración habitual de estos procesos, Enagás espera recuperar el total de su inversión antes de que concluya 2021. A cierre de 2018 ascendía a 402 millones, considerando las citadas garantías y el capital social, más diversas facturas por servicios profesionales y los intereses. De hecho, así lo considera en su Plan estratégico 2019-2023.

Durante este tiempo, la interlocución entre la compañía y el Gobierno se ha mantenido fluida, tal y como la primera ha venido informando en sus rendiciones periódicas de cuentas; al fin y al cabo, tiene más intereses en Perú -participa con un 51% en Coga y con un 29% en TGP-, y hay flecos pendientes con los otros dos socios del GSP.

El último de los contactos se produjo durante la visita a Madrid del presidente peruano, Martín Vizcarra, a finales del pasado mes de febrero. Así lo reveló Llardén en la Junta de Accionistas del viernes: "tuve ocasión de hablar directamente con el señor presidente de la República, exponerle nuestros intereses en Perú, exponerle la situación que tenemos", dijo, poco antes de añadir que "tomó mucho interés en este tema y se comprometió a ver cómo lo podíamos solucionar".