Si Ence cierra su planta de Pontevedra desaparecerán 5.100 empleos

El hipotético cierre de la planta de producción de celulosa de Ence junto a la Ría de Pontevedra -que le ha provocado una caída en Bolsa del 13% en dos días- tendría efectos catastróficos sobre el empleo y la economía gallega. Según los cálculos de KPMG, la fábrica mantiene más de 5.100 puestos de trabajo, aporta unos 460 millones de euros al año -el 28% del PIB pontevedrés- y es el principal actor del mercado forestal, propiciando una vertebración del territorio de la que se benefician unas 200.000 familias.

Cuando el 20 de enero de 2016 el Gobierno central concedió una prórroga de 60 años a Ence para mantener el emplazamiento de la planta de celulosa de Lourizán, hasta 2073, tres entidades recurrieron la decisión a la Audiencia Nacional: el Concello de la ciudad, la Asociación Pola Defensa da Ría y Greenpeace. La Dirección General de Costas se personó en los procesos para defender la decisión del Estado.

Con independencia de estos litigios, la compañía dirigida por Ignacio de Colmenares, tras conocerse la ampliación de la concesión, se comprometió a invertir 71 millones en la planta -ya ha desembolsado 40 millones y comprometido otros 10 millones-, junto con tres millones para un Plan social específico para la ciudad de Pontevedra y un programa adicional de 47 millones para toda Galicia.

350 millones hasta 2023

Además de estos 121 millones, Ence informó en noviembre, en el marco de su Plan Estratégico 2019-2023, del desembolso de 350 millones en Pontevedra, la mayoría para aumentar la capacidad de producción de la planta de Lourizán -hoy denominada biofábrica- y para fortalecer su fiabilidad, flexibilidad, seguridad y calidad ambiental.

Obviamente, estos planes auguran que la generación de riqueza de la instalación pontevedresa va a incrementarse notablemente en los próximos años, y no sólo para su entorno directo, sino también para toda la red de abastecimiento de materias primas que precisa, sobre todo forestales.

En 2013 la consultora KPMG elaboró el Estudio sobre la contribución de la fábrica de Ence en Pontevedra al desarrollo social, económico y ambiental de Galicia, cuyas cifras aún son una referencia -así lo considera la Universidad de Vigo en otro documento posterior, Informe del impacto forestal de Ence en Galicia, elaborado en 2015-, teniendo en cuenta que sus magnitudes son inferiores a las actuales, por el importante crecimiento experimentado por la firma en los últimos años.

Según los datos de KPMG, la factoría de Lourizán genera unos 5.100 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. El personal de la fábrica suma casi 400 personas, a las que se añaden otras 2.700 de contratistas industriales y logísticos -cada día entran 300 camiones en el recinto y su producción de celulosa representa la mitad del tráfico del puerto de Marín-, y otros 2.100 puestos corresponden al ámbito forestal, es decir, aproximadamente el 30% del empleo gallego del ramo.

Estos datos, además, deben ponerse en contexto. En Galicia casi un 30% de la población -frente al 21% del resto del país- vive en localidades de menos de 10.000 habitantes. Y la superficie forestal cuenta con más de 670.000 propietarios de montes cuyas fincas no suelen alcanzar la media hectárea. Estos montes privados ocupan cerca de 1,3 millones de hectáreas, los dos tercios de la superficie forestal del territorio, lo que explica que el 95% de los proveedores de Ence -que compra la mitad de toda la madera gallega- le facturen menos de 100.000 euros.

En consecuencia -señala KPMG- la actividad de la empresa en esta área, valorada en 166 millones, el 30% del PIB forestal gallego, desempeña un papel importante en la vertebración del territorio y aporta vigor a la economía de pequeña escala.

Paso atrás del Gobierno

Todo esto, más otros beneficios económicos, como la captación de 200 millones de capital extranjero porque la planta exporta el 95% de su producción o el pago de 33 millones en impuestos, puede desaparecer como resultado del paso atrás dado por el Gobierno central, que ha ordenado al abogado del Estado el abandono de la defensa en los tribunales de la prórroga otorgada en 2016.

Ence, que interpreta lo sucedido en clave electoral y considera sorprendente que el Estado defienda ahora lo contrario de lo que defendía, denuncia la inseguridad jurídica y ha anunciado que va a defenderse en todas las instancias judiciales, incluyendo las europeas. También alerta de que si la instalación pontevedresa tuviera que cerrar porque los tribunales finalmente anulan la prórroga de la concesión, la fuerte bajada de precios provocada por la caída de la mitad de la demanda afectaría a más de 200.000 familias productoras forestales.