Rato, ante la Audiencia Nacional: "El Banco de España conocía las tripas de Bankia y pidió integrar a Bancaja"

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha defendido su gestión en la salida a bolsa de Bankia bajo el argumento de que estuvieron en todo momento respaldados y vigilados por el Banco de España y por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), dependiente del Gobierno. Rato aseguró que el organismo supervisor español guió la fusión de la antigua Caja Madrid con otras seis cajas (Bancaja, Caja Ávila, Caja Canarias, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja La Rioja) para formar Banco Financiero de Ahorros (BFA), matriz de la actual Bankia.

Así lo ha indicado durante su comparecencia por el juicio de la salida a bolsa de Bankia, que se ha reanudado este martes en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), en la que ha insistido en que el Banco de España conocía "las tripas" de la entidad ya que "tenía quince personas allí", y ha asegurado que si se integró a Bancaja fue por "instrucción" expresa del organismo.

En otras palabras, a su juicio, la fusión de las siete cajas que dio lugar al grupo BFA-Bankia se acometió por petición del Banco de España. "No dejó muchas opciones", ya que la fusión era la única manera de cumplir con los requisitos de capital.

"El Banco de España nos indicó cuáles eran los pasos a dar", añadió

"El Banco de España nos indicó cuáles eran los pasos a dar", añadió Rato. El expresidente de la entidad explicó que la fusionada debía tener un 25% más de activos que la entidad mayor. "Las cinco cajas unidas representaban un 120% de lo que suponía el balance de Caja Madrid. El Banco de España podía exonerarnos de ese 5%, o incorporar una caja más. Cuando el Gobernador y subgobernador incorporaron a Bancaja, ya se cumplía", relató. Además, "el Frob nos dio diseñadas nuestras opciones y nos sometió a un control trimestral del plan de negocio", añadió el exbanquero.

En detalle, el expresidente de Bankia ha explicado durante su intervención que el plan de negocio de Caja Madrid, entidad que entonces presidía, elaborado en marzo de 2010, no contemplaba la fusión con ninguna entidad, sino que se decidió a raíz del Real Decreto Ley de mayo de 2010, que estableció la creación de sistemas institucionales de protección (SIP) para las entidades que no cumplieran con los requisitos de capital necesarios establecidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

Según ha indicado, Caja Madrid estaba cerca del límite de requisitos de capital y la legislación aprobada entonces exigía someterse a un proceso de 'fusión fría' con otras cajas, ya que las cajas de ahorros no tenían acciones y Caja Madrid no había emitido cuotas participativas (un instrumento similar a las acciones pero sin derechos de voto).

"Sus posibilidades de captar capital eran cero, el consejo de administración de Caja Madrid accedió a cumplir la ley, no era una decisión donde hubiese muchas opciones, y entramos en contacto con alguna caja que estaba en la misma situación que nosotros", ha señalado Rato, quien ha reiterado que este fue "el único motivo" por el que Caja Madrid aceptó entrar en el SIP.

Llamada del gobernador

Rato, que ha respondido a las preguntas de la Fiscalía en tono altivo, ha asegurado que el entonces gobernador del Banco de España le llamó por teléfono y le citó en su oficina junto al entonces presidente de Bancaja, José Luis Olivas, para comenzar a negociar una fusión.

"El Banco de España me comunicó oficialmente su opinión de que Caja Madrid y las otras seis cajas eran razonablemente viables", ha señalado, a lo que la fiscal ha respondido que, según un informe interno de inspectores de Banco de España, Bancaja se encontraba en un procedimiento de inspección del supervisor y su diagnóstico indicaba que contaba con una "escasa generación de recursos para cubrir necesidades de saneamiento e insolvencia".

Sin embargo, Rato ha negado que tuviera acceso a dicho informe, que era interno del propio Banco de España y que "se contradice literalmente con lo que dijo en el momento de la creación del SIP". De esta manera, ha defendido que la opinión oficial y vinculante del supervisor bancario era la de su comisión ejecutiva, que afirmaba que las cajas eran "perfectamente viables" y que los procesos de reestructuración venían dados si las entidades querían tener acceso al capital necesario para cumplir con los requisitos de la EBA.

Necesidades de capital

La fiscal Anticorrupción, Carmen Launa, ha preguntado de forma insistente sobre las provisiones contra reservas realizadas por BFA para cubrir los deterioros de activos. Concretamente, Launa ha cuestionado que estas coberturas se aplicaran contra reservas y no contra beneficios como establecía la circular del Banco de España. Rato ha defendido que, aunque no se pidió permiso al Banco de España para dotar las pérdidas contra capital, el organismo supervisor conocía la operación y en ningún momento requirió lo contrario.

"El Banco de España dijo que las provisiones realizadas por las siete cajas son suficientes para los dos próximos años", indicó Rato haciendo alusión a una carta del organismo. "Pero es que además del apoyo del Frob, las cajas realizaron saneamientos de 9.200 millones en 2010 y de otros 3.900 millones en 2011 para cubrir el proceso de fusión fría. Además, el Frob apoyó a BFA con otros 4.000 millones y las cajas ya traían coberturas de otros 3.000 millones que habían hecho el año previo. Que lleguemos a la conclusión de que unas cartas oficiales que remite el Banco de España no estén bien escritas, no soy capaz de verlo. Si usted afirma que el Bando de España de equivocó en estas cartas...", reprochó Rato a la Fiscalía ante la duda de que BFA incumpliera las necesidades de capital requeridas por el supervisor.

La ronda de preguntas y respuestas entre la fiscal y Rato se ha caracterizado por un tono bronco por parte del expresidente de la entidad, que no admitía algunas de las afirmaciones realizas por la representante de Anticorrupción. La magistrada Ángela Murillo ha tenido que intervenir en varias ocasiones para centrar la respuesta del acusado a la Fiscalía.