Las autonomías exigen librarse por ley de indemnizar a las VTC al regularlas

El Congreso de los Diputados ha cerrado en falso la guerra del taxi. Aunque la Cámara Baja aprobó el jueves con mayoría absoluta el Real Decreto Ley 13/2018 que habilita a las Comunidades Autónomas a limitar la actividad de Uber y Cabify en las ciudades, ésta también ha abierto la puerta a suavizarlo o modificarlo al decidir, con 184 votos a favor, que se tramite como proyecto de ley urgente. La propuesta de introducir enmiendas al texto ha sido impulsada por los partidos independentistas PDeCat y ERC, y por el PP y Coalición Canarias, que buscan aprovechar la ocasión para adaptar el decreto a los intereses de las autonomías que gobiernan y blindarlas legal y económicamente ante cualquier proceso judicial.

En concreto, los partidos independentistas han anunciado que van a maniobrar para que, en el caso de sentencia favorable, el Estado asuma por ley el pago de las indemnizaciones que el sector de las VTC va a exigir por vía judicial para compensar la expropiación de las licencias y la limitación de su actividad. "Vamos a introducir dos enmiendas para asegurarnos por ley de que en caso de existir responsabilidad patrimonial lo va a asumir la el Estado", aseguraron desde PDeCat. Una postura que ha sido respaldada por Foro Asturias, Compromis y el PNV, que creen que el decreto despierta "serias dudas jurídicas". "Nos parece un despeje al córner de las CCAA del problema y no garantiza quien tendrá que asumir las consecuencias económicas de las posibles reclamaciones", criticó Joan Baldoví, de Compromis (Valencia).

Y es que, las autonomías están preocupadas por las incertidumbres legales del texto señaladas por despachos como Garrigues y las elevadas indeminizaciones que el sector de las VTC tiene previsto pedir en los tribunales. Según un informe de EY, la factura de la Generalitat rondaría los 1.200 millones. En España supera los 3.800 millones.

Además de tratar de dejar en el tejado del Gobierno central las posibles consecuencias legales y económicas de limitar a las VTC, el PP quiere presentar una serie de enmiendas para "eliminar los aspectos inconstitucionales" del Real Decreto Ley que modifica el Artículo 91 de la Lott y para introducir medidas procompetitivas para el taxi como "tarifa fija" para los viajes precontratados o el taxi compartido.

Para el partido que preside Pablo Casado, el Real Decreto no cumple las exigencias de urgente necesidad e interés general que han de tener estas medidas ya que no será totalmente efectivo hasta dentro de cuatro o seis años, el periodo fijado por Fomento como moratoria para que las VTC recuperen su inversión.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, del Partido Socialista, y Podemos se han mostrado en contra de tramitar el texto como proyecto de ley porque "generará incertidumbre" y "alarga en el tiempo el problema". "La tramitación como proyecto de ley puede generar más incertidumbre y a base de introducir enmiendas puede quedar una normativa que sea más cuestionable. No abramos un melón que no sabemos cómo vamos a poder cerrar", sentenció César Ramos, de PSOE.

En el sector del taxi la noticia ha generado sentimientos encontrados ya que, si bien preferían que el problema quedase cerrado ya, desde Élite Taxi ha asegurado que aprovecharán el plazo de ocho meses de tramitación para "blindar más el sector". En este punto, la patronal Unauto también ha aplaudido que el Real Decreto se tramite como proyecto de ley, porque "abre una nueva vía para el diálogo" y les permitirá intentar suavizar aspectos.