Los comercios, forzados a aceptar la tarjeta en los pagos de más de 30 euros

El Gobierno intenta poner coto al dinero negro con un mayor uso de las tarjetas de crédito, en detrimento de los pagos en efectivo. El Ejecutivo va a aprovechar la transposición de la directiva europea de pagos para introducir la obligación a todos los comercios -tiendas, bares, peluquerías, etc.- a ofrecer y aceptar instrumentos de pago alternativos al metálico en compras superiores a los 30 euros.

La principal vía utilizada por los españoles es la tarjeta, bien sea de manera física o a través de su inserción en un teléfono móvil.

En la regulación, según el anteproyecto de ley aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, se establece que este instrumento de pago alternativo tendrá que anunciarse en un lugar visible del establecimiento o las instalaciones del profesional o empresario.

El texto va más allá de la directiva, según informó el Ministerio de Economía en un comunicado, en el que indica que la normativa deberá obtener aún los dictámenes de distintas autoridades y volver de nuevo al Consejo de Ministros para su posterior tramitación europea.

La normativa llega en un momento en que los pagos a través de las tarjetas de créditos o los sistemas electrónicos están al alza y en un momento en que las entidades necesitan aumentar los ingresos alternativos vía comisiones para mejorar su rentabilidad debido a la baja actividad y al entorno de tipos de interés en negativo.

La decisión del Gobierno obligará a que todos los establecimientos que vendan algún tipo de producto o servicio tener contratado un Terminal Punto de Venta (TPV) para poder cumplir con la normativa y que los clientes puedan pagar con dinero de plástico. Por este aparato las entidades, en algunos casos, cobran una tarifa mensual. Y en todos los casos se llevan un porcentaje de cada una de las operaciones que se realizan.

El número de pagos con tarjetas crecieron el ejercicio 2017 algo más de un 12 por ciento, hasta 3.429 millones de transacciones, que movieron unos 135.250 millones de euros. Este importe es casi un 10 por ciento más.

Las operaciones con dinero de plástico suponen más de tres veces de las retiradas de efectivo en los cajeros, hecho que no quiere decir que se utilice más que el metálico, ya que hay que tener en cuenta todo el dinero que se saca en las ventanillas de las sucursales bancarias. Pero, desde algunos años los españoles están acelerando los pagos con tarjeta muy por encima de los movimientos en los cajeros.

Otras medidas

La ley intenta adaptar la regulación a los nuevos sistemas tecnológicos y pretende mejorar la seguridad de los consumidores. Así, reduce de 150 a 50 euros las pérdidas máximas que un cliente deberá asumir en caso de que se produzca una operación de pago no autorizada como consecuencia del uso fraudulento, extravío o robo de tarjeta u otro instrumento de pago. Además, disminuye el plazo de respuesta para la resolución por parte de las entidades en las reclamaciones de los usuarios, de los dos meses habituales hasta la fecha a los 15 días.

La normativa conllevará cambios en la industria al permitir el acceso a terceros de la infraestructura de los bancos. Es decir, terceras compañías -como las fintech o los propios comercios- podrán informarse sobre las cuentas de los clientes de las entidades financieras, siempre que se haya obtenido autorización previa de los usuarios.