TP Ferro eleva su disputa con España y Francia ante el defensor del Pueblo

La administración concursal de TP Ferro, la sociedad que gestionó hasta 2016 la línea de alta velocidad entre Figueres y Perpignan, ha dado un paso más en su disputa con los Estados de España y Francia y ha presentado sendas denuncias ante el defensor del Pueblo de cada país. La reclamación ante estas instancias se sucede después de que los gobiernos no hayan fijado la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) provisional casi un año después de que venciera el plazo legal para hacerlo.

El organismo que encabeza en España Francisco Fernández Marugán ya ha requerido al Ministerio de Fomento la información pertinente y en próximas fechas emitirá una resolución.

TP Ferro, sociedad creada por ACS y Eiffage, entró en concurso de acreedores en septiembre 2015, tras no llegar a un acuerdo para reequilibrar la concesión, adjudicada en 2004, con las autoridades españolas y francesas y con los acreedores financieros. Un año después, el juez aprobó la liquidación de la sociedad. A partir de ahí, las partes se cruzaron acusaciones por incumplimientos del contrato. Tras rechazar la resolución solicitada por la sociedad en noviembre de 2016, el 16 de diciembre España y Francia rescindieron anticipadamente el contrato, que pasó a ser gestionado por Adif y SNCF.

Casi un año y medio después, los Estados de España y Francia no han respondido al cálculo de la RPA provisional. Los asesores legales de la administración concursal, Quinn Emanuel y Gómez-Acebo y Pombo, consideran que deberían haberla fijado no más tarde del 20 de junio de 2017, tal y como recoge el citado contrato.

Para establecer la compensación, los gobiernos han de designar a un perito independiente. La administración concursal de TP Ferro, ejercida por Arraut y Sala Reixachs, ha solicitado información al respecto, sin que tampoco haya obtenido ninguna respuesta hasta la fecha. No hay que olvidar, de hecho, la pretensión, manifestada públicamente por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de reclamar una indemnización a la empresa, toda vez que, a su juicio, actuó con una "ligereza culpable" en el desarrollo de todo el proceso.

Pendiente del defensor del pueblo

La administración concursal está a la espera ahora del pronunciamiento del defensor del Pueblo tanto de España como de Francia. En este último caso, no obstante, se prevé que los plazos aún se demorarán.

Las quejas ante el defensor del Pueblo se suman a la solicitud de arbitraje que los administradores concursales de TP Ferro presentaron en agosto de 2017 en Bruselas después de que España y Francia se negaran a satisfacer una compensación por la rescisión anticipada. Reclaman el pago de más de 500 millones. Los Estados mantienen su oposición a que se celebre en Bélgica y han pedido su traslado a Ginebra. TP Ferro y España ya han elegido a sus árbitros, mientras que el de Francia ha sido recusado por la empresa. Aún tienen que designar a otros dos.