La industria alimentaria lleva ante los tribunales a Cataluña por el azúcar

La industria alimentaria española ha abierto la batalla legal contra la Generalitat de Cataluña por el nuevo impuesto al azúcar.

Tras la publicación del Reglamento de desarrollo de la tasa a las bebidas azucaradas, 11 organizaciones que representan al sector primario, la industria transformadora, la distribución y la hostelería, anunciaron ayer la presentación de un recurso contencioso-administrativo, tal y como había adelantado elEconomista el pasado 26 de junio. Se trata, en concreto, de los sindicatos agrarios Asaja, Coag y UPA; de Cooperativas Agroalimentarias, Aecoc, la patronal Fiab (Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas), Promarca, las patronales de la distribución Anged, Asedas y Aces y la asociación de grandes cadenas de hostelería Marcas de Restauración.

La defensa jurídica se ha encargado al despacho de abogados Uría Menéndez, que elaboró ya un estudio sobre la constitucionalidad del impuesto, sin descartar incluso la posibilidad de acudir ante la Comisión Europea.

En un comunicado conjunto, las organizaciones aseguraron ayer que "el tributo rompe la unidad del mercado y pone en riesgo los principios de territorialidad fiscal que rigen en la Constitución y en el modelo de financiación autonómico". En su opinión, la norma obstaculiza la libre circulación de mercancías y servicios en el territorio nacional, vulnerando la prohibición de doble imposición no coordinada y los principios constitucionales de seguridad jurídica, igualdad y no discriminación.

Las organizaciones denunciantes aseguran, en este mismo sentido, que el nuevo impuesto "genera a la cadena agroalimentaria que opera en Cataluña una pérdida de competitividad por las cargas desproporcionadas que supone para las empresas, con la consecuente inseguridad jurídica". El nuevo impuesto tiene dos tramos distintos, uno de 0,08 euros para bebidas que tienen entre cinco y ocho gramos de azúcar por cada 100 mililitros y otro de 12 céntimos para los productos con más de ocho gramos por 100 mililitros. Las empresas están obligadas a repercutir el impuesto al consumidor, con el objetivo de tener así un efecto disuasorio. En enseñas como Coca-Cola o Pepsi el impuesto puede suponer una subida de alrededor de un 10 por ciento, pero en las marcas blancas la subida será aún mayor, de entre el 20 por ciento y el 50 por ciento.

Impuesto de primavera

El impuesto, aprobado por la Generalitat de Cataluña en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2017, entró en vigor el pasado 1 de mayo. Fuentes de la Consejería de Economía del Gobierno catalán señalan que, tal como explicaron cuando presentaron la tasa, su objetivo no es recaudatorio, sino que busca adaptarse a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según dicen, aunque las empresas del sector están "en todo su derecho" de emprender las medidas legales que estimen oportunas, también recuerdan que durante los meses en los que se ha trabajado en cómo dar forma a este impuesto "se han mantenido reuniones constantes con el sector". Además de Cataluña, otras autonomías como Valencia o Canarias están estudiando tributos parecidos.