Las constructoras piden invertir más de 5.000 millones en 15 incineradoras

España incumple la normativa europea en materia de residuos, por lo que se arriesga a sufrir sanciones. Para cumplir con las exigencias comunitarias y esquivar las multas haría falta invertir 6.522 millones de euros, con los que construir 17 plantas de tratamiento y 15 incineradoras.

Los datos anteriores figuran en el informe que la ingeniería Sener ha preparado para la patronal de las constructoras Seopan, en el que desgrana las infraestructuras mayores de 50 millones de euros que, a su juicio, debe acometer España. De los 814 proyectos que recoge, con un volumen total de inversión de 103.780 millones de euros, la parte más pequeña, apenas el 6%, corresponde a un tema altamente controvertido: el tratamiento de residuos y, sobre todo, la incineración.

De acuerdo con la normativa comunitaria, en 2016 España debería haber enviado a lo vertederos únicamente el 35% de los residuos urbanos, pero enviamos alrededor del 47%. A este reciente incumplimiento, que todavía no ha llegado al Tribunal de Luxemburgo, se suma otro más antiguo, relacionado con los vertederos incontrolados que ya ha provocado dos sentencias condenatorias.

Para revertir esa situación con vistas a 2020, y considerando que no crece la generación de residuos y que no se modifican los actuales sistemas de recogida introduciendo más separación en origen, Sener plantea la construcción de 32 infraestructuras prioritarias en todo el país, con una inversión asociada de 6.522 millones de euros, impuestos incluidos.

Más tratamiento e incineración

Al objeto de evitar que, como sucede ahora, lleguen a los vertederos 5,4 millones de toneladas de residuos sin ningún tipo de tratamiento previo (el 24% del total), harían falta 17 nuevas plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos, con un coste conjunto de 1.304 millones, a razón de 200 euros por tonelada.

La capacidad de estas nuevas plantas, 300.000 toneladas anuales, duplicaría con creces la capacidad media de las 140 plantas repartidas por todo el país -alguna infrautilizada-, que ronda las 120.000 toneladas anuales. Tres se levantarían en Madrid, otras tres en Andalucía, y dos en Canarias, Cataluña y Valencia. Siete de estas infraestructuras ya han iniciado el expediente de licitación.

Y para evitar que acaben en los vertederos los 8,5 millones de toneladas de residuos que en la actualidad rechazan las plantas de tratamiento (aproximadamente la mitad de lo que reciben) porque no se pueden tratar eficaz y eficientemente, la receta son 15 plantas de valorización energética, es decir, incineradoras.

El tamaño de estas 15 infraestructuras -una ya ha iniciado su expediente de licitación- sería de 600.000 toneladas anuales, el triple del tamaño medio de las 10 plantas que operan en la actualidad. Construirlas exigiría una inversión de 5.217 millones, a razón de 550 euros por tonelada. Tres se levantarían en Andalucía y dos en Valencia; habría una para las demás comunidades, excepto Baleares, Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra.

Las incineradoras son muy polémicas tanto por el impacto ambiental que han provocado sus chimeneas -algo que ya está en buena medida corregido- como por el hecho de que son el delicado eslabón final de la cadena productiva: su construcción implica un freno en otras prácticas, particularmente el reciclado y la recuperación de los materiales presentes en los residuos.

Ahora bien, las incineradoras también generan energía que puede aprovecharse y si alternativa real es el vertedero -como sucede ahora- se generaría mucho menos CO2. Además, ningún país de la UE ha conseguido reducir los residuos que envía a los vertederos sin un uso importante de la valorización energética.