Se cumplen cinco años de la expropiación de YPF a Repsol
- El ex presidente de YPF se alía con Riverstone para crear una energética en México
Rubén Esteller
Este domingo se cumplen cinco años de la expropiación de YPF a Repsol por parte del Gobierno argentino presidido, por aquel entonces, por Cristina Fernández de Kirchner y la compañía atraviesa uno de los peores momentos de su historia con un nivel de deuda que supera el valor de la compañía y con pérdidas históricas de 1.700 millones de euros, irónicamente casi la misma cifra que ha registrado de beneficios la española un lustro después.
La compañía que preside Antonio Brufau respondió presentando una demanda contra Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo que depende del Banco Mundial, y una amplia batalla judicial en todos los frentes posibles.
En noviembre de 2013, casi un año y medio después, el Gobierno de Kirchner se vio forzado a alcanzar un principio de acuerdo sobre la indemnización que recibiría la española que, finalmente, se materializó en febrero de 2014 mediante la firma de un Convenio donde se estableció una compensación de 5.000 millones de dólares (4.646 millones de euros) en deuda y efectivo par a la petrolera española, quien se comprometió a retirar todos los litigios y a renunciar a futuras reclamaciones.
Tras este periodo muchos de los protagonistas de aquella actuación se enfrentan hoy con distintas causas judiciales como la ex presidenta, Fernandez de Kirchner o el por entonces ministro Julio de Vido en un caso de lavado de dinero.
El que fuera el primer presidente de YPF tras la expropiación, Miguel Galuccio, ha firmado un acuerdo con Riverstone Holdings, una de las mayores firmas de capital privado de Estados Unidos, para crear una empresa energética en México.
Riverstone ha participado ya en la financiación de proyectos petroleros en el país de la compañía Sierra Oil & Gas, que se hizo con dos de los catorce bloques adjudicado en la llamada Ronda 1. Para las siguientes fases la firma se unió también con Carso Oil & Gas y Carso Energy, propiedad de Carlos Slim, donde se espera que puedan triunfar en la Ronda 2.
El magnate mexicano llegó a comprar un 8,4 por ciento de YPF en su día a la familia Eskenazi, un extremo que Gallucio consideraba que iba a servir para reavivar la confianza internacional en la inversión en Argentina.
El ejecutivo petrolero además labró una buena relación personal con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que posteriormente también protagonizó otro intento de asalto a Repsol y que ahora está siendo investigado por sus contratos con la brasileña Odebrecht.
El Gobierno de Mauricio Macri ha comenzado también a investigar parte de la gestión de YPF realizada en aquellos años entre lo que s incluye la creación de sociedades en paraísos fiscales, los téminos de los acuerdos alcanzados con Chevron y Dow Chemical para explotar el megayacimiento de Vaca Muerta o la deuda.
El caso de Repsol en Argentina no fue el único que se produjo en 2012. La inversión española en Latinoamérica sufrió dos importantes varapalos más en Bolivia.
Solo dos semanas después de la expropiación de YPF, el presidente del país, Evo Morales, ordenó por decreto la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), filial de Red Eléctrica de España (REE), que operaba en el país desde 1997. Aunque la indemnización inicial se cifró en 29 millones de euros, finalmente el grupo español recibió una compensación pactada de 52 millones de euros en noviembre de 2014, evitando así el inicio de un arbitraje internacional.
El segundo de los conflictos tuvo lugar en diciembre, cuando el presidente Morales expropió a Iberdrola cuatro filiales valoradas en cerca de 90 millones de euros: las distribuidoras de electricidad Electropaz -de la que poseía el 89,5% de las acciones- y Empresa de Luz y Fuerza de Oruro (Elfeo) -propietaria del 92,8% del capital-, la empresa de servicios Edeser y una gestora de inversiones.
En julio de 2014, la española presentó una notificación ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en contra de Bolivia para exigir una indemnización. Justo un año después, en noviembre de 2015, Iberdrola consiguió una compensación de 32 millones de euros. Con este acuerdo, Bolivia cerraba todas las demandas arbitrales que tenía por las nacionalizaciones realizadas en el sector eléctrico aunque mantiene abierta una disputa con Aena y Abertis.