Rato arremete contra la Guardia Civil por actuar a espaldas del juez

La Guardia Civil está actuando a espaldas del juez. Es lo que sostiene Rodrigo Rato, que ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid para instar al titular del juzgado de instrucción número 31, Antonio Serrano-Arnal, a que controle "de manera efectiva" su actuación. Según el escrito presentado por el exvicepresidente del Gobierno, al que ha tenido acceso elEconomista.es, la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, "está llevando a cabo una investigación sin control judicial prospectiva y secreta, que vulnera de manera flagrante los derechos fundamentales".

Los abogados de Rato mantienen, por ejemplo, que "a pesar de que el mandato judicial se limitaba a la investigación de un presunto delito de blanqueo de capitales cometido en el extranjero, la UCO ha llegado incluso a presentar atestados en relación con presuntos delitos fiscales", algo que, según dicen además, no sería de su competencia, sino de la Onif, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria.

No obstante, en el recurso se critica también la actuación de este último organismo al asegurar que, a día de hoy, continúa disponiendo "de una ingente cantidad de documentación obtenida en los registros, desoyendo los numerosos mandatos del juez instructor de devolver toda aquella que no guarde relación con la causa (algo que también deberá hacer la UCO en la medida que ambos comparten dicha información) y de emitir un informe definitivo". Y es que, según Rato, de los siete informes de avance emitidos por dicha Oficina hasta la fecha, únicamente dos de ellos, tienen relación con su denuncia inicial.

"Todo ello no hace sino poner en evidencia la absoluta falta de control que existe por parte del juzgado al respecto de esta causa", señalan los letrados.

El ex director gerente del FMI solicita en este sentido a la Audiencia Provincial que inste al magistrado a dar "un mandato específico" a la UCO sobre lo que puede investigar, con el objetivo de que deje de utilizar sin una autorización expresa la ingente documentación "incautada ilícitamente" en abril de 2015 de su domicilio y su despacho.

Asimismo, reclama también que la UCO justifique por qué está llevando a cabo estas actuaciones y, concretamente, que manifieste qué diligencias ha practicado o piensa practicar, qué documentación ha solicitado y recabado, así como qué personas han sido llamadas a declarar, ya sea en calidad de testigo o de investigado.