ACS y Eiffage reclamarán 450 millones por el AVE a Francia

No hubo sorpresa. Los acreedores de TP Ferro, la sociedad que gestiona la línea de alta velocidad entre Figueres (España) y Perpignan (Francia) y que participan al 50% ACS y Eiffage, no han respaldado la propuesta de convenio presentada por la empresa en junio para reestructurar su deuda, que asciende a 557,2 millones de euros, de los que 391,5 millones corresponden a entidades financieras y fondos. Es más, ni siquiera hubo quórum suficiente para poder celebrar la junta de acreedores, convocada para el jueves.

La compañía será liquidada y la concesión de la infraestructura pasará a manos de una nueva sociedad, que crearán los gestores ferroviarios de España, Adif, y Francia, SNCF Rèseau, bajo la autoridad de los dos Estados, como adelantó elEconomista.

En este sentido, los dos gobiernos han elaborado y firmado, en mayo de 2016, un acuerdo internacional para explotar la línea.La nueva sociedad económico-financiera de carácter público, que según las fuentes consultadas aún no ha sido creada, absorberá a los aproximadamente 75 trabajadores que emplea TP Ferro. El 90% son operarios y el 10% restante se encarga de las cuestiones administrativas y de servicio.

"La actual dirección de TP Ferro, así como toda la organización, serán mantenidas en el seno de la nueva empresa común", indicó el jueves la concesionaria en un comunicado.El juez Hugo Novales, titular del Juzgado Mercantil de Girona, pronunciará en los próximos días la apertura de la fase de liquidación de TP Ferro, que durará algunos meses. Hasta que la nueva sociedad pública asuma la concesión, la firma que actualmente gestiona la línea garantiza el servicio "con los mismos niveles de prestaciones, seguridad y calidad".

Después será disuelta, aunque el actual consejo de administración formado por ACS y Eiffage desde el jueves desaparece y lo sustituye el administrador concursal Pau Vila Florenza.De esta forma, los Estados de España y Francia rescatarán la infraestructura, que entró en concurso de acreedores hace un año. Los sobrecostes incurridos y las erráticas previsiones de tráfico provocaron que TP Ferro se declarara insolvente para poder hacer frente a la deuda. La construcción comenzó en 2004 y los trenes empezaron a circular en 2010. Recibió ayudas públicas de Españam Francia y la UE por unos 750 millones y ACS y Eiffage aportaron en torno a 400 millones.

Catalá, Pastor y el rescate

Ahora, ACS y Eiffage reclamarán a los Estados español y francés una compensación, recogida bajo una figura similar a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que podría superar los 450 millones. ING, BBVA, Bankia y el Santander lideran el pool bancario. Los fondos Avenue, BlueMountain y Neuberger Beman también aparecen como acreedores.En este sentido, el ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, explicó el jueves en Málaga que ya se preveía en el contrato de concesión "que si se llegaba a un punto de estas características, las dos administraciones, la española y la francesa, tendríamos la responsabilidad patrimonial, que es el rescate; y habría que indemnizar al concesionario por las inversiones hechas y no recuperadas", según recogió EP.

"Estamos en el análisis de los costes, en la valoración de la responsabilidad patrimonial derivada y si no tiene viabilidad habrá que rescatar la concesión, que quedaría en manos públicas", apuntó. Catalá enunció sin tapujos la palabra rescate, en contraste con su antecesora, Ana Pastor, quien en todo momento defendió que el Gobierno en ningún caso rescataría la concesión del túnel del Pertús.

Lo dijo en mayo, por última vez. ACS aparece así implicado en un nuevo conflicto con la Administración, después de lo ocurrido con el almacén de gas Castor, por el que recibió una indemnización pública de 1.350 millones.