Gas Natural se protege en Colombia al activar el pacto bilateral con España

Gas Natural Fenosa (GNF) ha apelado al Pacto bilateral de protección de inversiones de España y Colombia para proteger su filial Electricaribe, que el Gobierno colombiano estudia intervenir al objeto de evitar apagones, como adelantó elEconomista.

La empresa sufre una situación económica límite que le impide prestar bien el servicio -le deben casi 250 millones de euros- y con ello gana seis meses para negociar. Si no alcanza un acuerdo, el siguiente paso son los tribunales.

Durante los últimos días la prensa colombiana ha dado por hecho que GNF había demandado al país en los tribunales. El jueves lo dejó caer Dumek Turbay, gobernador del departamento de Bolívar y el domingo lo aseveró Amylcar Acosta, un exministro de Minas y Energía que en la actualidad dirige la Federación Nacional de Departamentos del país, afirmando que la demanda se basa en "incumplimiento de las reglas del juego" por parte del Gobierno colombiano.

A raíz del anuncio, los políticos locales -senadores, gobernadores, alcaldes- se han cebado con GNF: "descarada", "cínica" o "perversa" son algunos de los apelativos que le han dedicado, incrementando la tensión de una situación harto incómoda que se arrastra desde hace meses; hasta el propio presidente José Manuel Santos dijo en enero que "Electricaribe no será liquidada, pero sí puesta en cintura, para que atienda mejor a los miles de usuarios de la costa norte del país, quienes constantemente se quejan por su mal servicio".

Al final, GNF ha emitido una nota de prensa en Colombia en la que aclara que "no ha interpuesto ninguna demanda", sino que "ha acudido a la etapa de diálogo directo bajo el Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones celebrado entre la República de Colombia y el Reino de España".

Seis meses ganados

El citado Acuerdo, firmado en 2005, establece un plazo de seis meses desde la notificación oficial de la controversia para que ésta se solucione de un modo amistoso. Por eso GNF "ha reiterado su intención de continuar dialogando de buena fe con el Estado colombiano para llegar a una solución integral que reconozca los intereses de todos los afectados, incluyendo a la población de la región caribe", en la que opera Electricaribe.

La filial de GNF distribuye y comercializa electricidad en siete departamentos costeños para 2,6 millones de clientes; los gobernadores de la región le han reclamado reiteradamente al Gobierno central que la intervenga y que otros operadores se hagan cargo de sus funciones. La semana pasada lo pidió unánimemente una Comisión del Parlamento colombiano.

Al activar formalmente los seis meses de plazo del Acuerdo bilateral, GNF busca amparo legal y tranquilizar las aguas, pero si no alcanza un convenio satisfactorio durante ese período, el siguiente paso son los tribunales. Según el Acuerdo, el inversor -en este caso GNF- puede escoger entre los juzgados colombianos o una corte de arbitraje internacional, como el Ciadi del Banco Mundial.

La empresa, consultada por este diario, no se plantea llegar a este escenario e indica que prefiere "alcanzar un acuerdo y resolver los problemas de forma constructiva". No es raro, porque también tiene otros intereses en Colombia: es el líder del mercado de gas, con 2,7 millones de clientes y un 36% de cuota.

Impagos protegidos por la Ley

Los colombianos se quejan de que el servicio que presta Electricaribe es malo, no sólo porque tiene muchas interrupciones -con 90 horas al año duplica la media nacional-, sino porque las variaciones de tensión estropean los electrodomésticos. En consecuencia, las autoridades le reclaman que invierta en mejorar las redes y subestaciones de la región, a lo que responde la empresa que la regulación no le aporta ingresos suficientes para ello y que el fraude y las deudas le ahogan económicamente.

Edgardo Sojo, gerente del plan inversor de la zona de actuación de la firma -el Plan5Caribe- estima que para normalizar la situación habría que invertir unos 120 millones al año durante el próximo lustro. Pero también evalúa en unos 240 millones los impagos de las zonas pobres, a los que se suman más de 6 millones de deudas de entes públicos -escuelas, hospitales-, a los que, según la legislación del país, no se les puede cortar el suministro.

Cerca de 250 millones al año en impagos

La evaluación de Sojo coincide con la de Electricaribe: calcula que anualmente deja de recibir unos 250 millones por culpa del fraude y el impago, según un documento interno de la compañía al que ha tenido acceso Portafolio, un medio local.

En este documento se indica que las zonas más pobres a las que suministra energía -denominadas subnormales- alcanzan un nivel de impago del 80 por ciento y tenían una deuda acumulada a finales de 2015 de unos 600 millones.

Durante el año pasado se detectaron 300.000 casos de manipulación de contadores o enganches ilegales -con un 38 por ciento de reincidencias- que provocaron una merma de ingresos de 223.000 euros diarios. De las más de 12.000 denuncias presentadas por fraude, sólo 139 han sido juzgadas y 84 condenadas.