Empresas y finanzas

Gas Natural activa el acuerdo bilateral de protección de inversiones de España y Colombia


    Tomás Díaz

    Gas Natural Fenosa (GNF) ha activado el acuerdo bilateral de protección de inversiones entre España y Colombia para salvaguardar su filial Electricaribe, amenazada de intervención por parte de las autoridades del país por el miedo a sufrir apagones. La activación le da seis meses para encontrar una solución dialogada.

    Gas Natural SDG S.A. y Gas Natural Fenosa Electricidad Colombia S.L., en su calidad de inversores extranjeros, "han notificado formalmente la existencia de una controversia con la República de Colombia", señala un comunicado de la compañía remitido anoche a la prensa colombiana.

    En contra de lo que especulaba la prensa local, GNF no planteado una demanda al Estado colombiano, "ha solicitado que se dé inicio a la etapa de seis meses para el arreglo amistoso" previsto en el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones de España y Colombia.

    GNF indica que tiene "intención de continuar dialogando de buena fe con el Estado colombiano para llegar a una solución integral que reconozca los intereses de todos los afectados, incluyendo a la población de la región caribe".

    Electricaribe distribuye y comercializa electricidad en siete departamentos de la costa atlántica de Colombia, región en la que atiende a 2,6 millones de clientes. Allí es motivo de protestas desde hace meses por fallos en el servicio; su nivel de interrupciones duplica la media nacional.

    Entre los problemas que afectan a Electricaribe está el alto número de conexiones ilegales y el impago de grandes clientes, entre ellos entidades públicas. Según un estudio de la Defensoría del Pueblo, soporta una deuda de los gobiernos locales superior a los 18.000 millones de pesos (unos 5,2 millones de euros).

    Como informó elEconomista, la falta de ingresos y las particularidades de la regulación colombiana ponen en riesgo la seguridad de suministro en toda la región, motivo por el que el Gobierno se está planteando la intervención de la compañía, tal y como le piden los dirigentes de los departamentos de La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena.