Cerco a las tabaqueras por el contrabando de cigarrillos

El contrabando de tabaco ha hecho saltar todas las alarmas a nivel mundial pese al ligero retroceso en España, hasta el 10,6 por ciento del mercado. Las cuatro grandes empresas mundiales -Philip Morris, Japan Tobacco International, British American Tobacco e Imperial- han desarrollado un sistema para controlar mediante un código alfanumérico la trazabilidad del producto y poder evitar así el tráfico ilícito, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aprobado un protocolo, al que se ha adherido España, en el que insta a los Estados a impedir que sean los fabricantes los encargados de este control.

El protocolo es muy claro al respecto y asegura que cada uno de los firmantes deberá velar porque "sus autoridades competentes, al participar en el seguimiento y localización, mantengan con la industria tabacalera y quienes representen sus intereses tan solo las relaciones que sean estrictamente necesarias", impidiendo que se delegue en las compañías el control del producto".

Es un hecho especialmente relevante porque actualmente existe en Europa una dura batalla entre los fabricantes, que quieren implantar su sistema de control -es el denominado Condentify, que desarrolló en un principio Philip Morris, pero al que se han adherido el resto- y la multinacional suiza Sicpa, proveedor en España para la Fábrica de Moneda y Timbre de la tinta con la que se hace el sello fiscal y que ha elaborado otro sistema de seguridad.

La postura de la industria

Desde el sector apuntan en este sentido que "la participación de la industria es imprescindible en cualquier sistema de trazabilidad dado que afecta al proceso de producción" e insisten en que "Codentify está diseñado como solución para trazabilidad y en sus funciones permite también la autentificación y la verificación fiscal". La industria insiste, no obstante, en que "la idea es ceder el sistema a quién corresponda y ese tercero será quién tenga la gestión del mismo".

Mientras unos y otros intentan defender sus posiciones ante la Comisión Europea, ante la entrada en vigor el año que viene de la nueva directiva que regula el mercado, están surgiendo voces en Bruselas que defienden además la revisión de los acuerdos que la Oficina de Lucha contra el Fraude (Olaf) tiene firmados con las cuatro grandes multinacionales.

Philip Morris, Japan Tobacco International, BAT e Imperial se comprometen por estos pactos a pagar los impuestos defraudados y una multa a partir de un determinado nivel de todo el tabaco de contrabando que sea incautado bajo sus marcas. El primero de estos acuerdos, el que se firmó con Philip Morris, vence el año que viene y la Comisión no ha decidido aún si renovarlo, tal y como pretende la empresa, o no. Según fuentes comunitarias consultadas por este periodico, por el momento tan sólo ha habido conversaciones informales, pero ninguna negociación en firme.

Y es que en Europa preocupa la fuerte penetración que la compañía norteamericana tiene en el tabaco ilícito. De acuerdo con el último informe elaborado por la consultora Ipsos, por encargo de la propia industria, la dueña de Marlboro y Chesterfield acapara el 25,5 por ciento en España de lo que denomina el mercado no doméstico, aquel que no lleva sello fiscal. Ipsos hace su estudio dos veces al año con cajetillas tiradas en el suelo y, aunque a partir de ahí KPMG realiza otro para segregar lo que considera tráfico realmente ilícito, los porcentajes son parecidos. Philip Morris ha argumentado en varias ocasiones que el hecho de que aparezca en lo alto del ranking obedece a que sus marcas son las más demandadas a nivel internacional y, por lo tanto, las que más sufren el contrabando.

Según el informe de Ipsos, al cierre del primer semestre del año la segunda compañía con más tráfico ilícito es la luxemburguesa H. Van Landewyck, propietaria de la marca Ducal. En este caso, mientras que apenas tiene cuota en el mercado legal, acapara el 20,1 por ciento en el no doméstico o sin precinto fiscal.

Philip Morris contacta con Antifraude

A pesar de que se aproxima el final del acuerdo entre Philip Morris y la Comisión Europea el año que viene, Bruselas no ha decidido todavía si va a buscar una prolongación del mismo. Según explicó el pasado mes de mayo la vicepresidenta de la Comisión, Kristalina Georgieva, al cargo de este tema, los contactos exploratorios que han mantenido con la tabaquera han confirmado que la firma está interesada en que continúe el mismo. Fuentes comunitarias sin embargo no pudieron confirmar si la negociación versaría sobre los mismos términos.

Georgieva dijo entonces que estudiarán los siguientes pasos, teniendo en cuenta la mejor manera de luchar contra el comercio ilegal de cigarrillos y la protección del interés de los europeos.

"Sabemos que los cigarrillos baratos ('cheap whites') son la mayor amenaza, no los que proceden de las grandes firmas", añadió. La Comisión Europea y Philip Morris firmaron el acuerdo en 2004. Para enterrar el hacha de guerra, la empresa se comprometió a luchar contra el contrabando de cigarrillos, cooperando con la CE y la agencia antifraude europea (Olaf) y las autoridades nacionales. El acuerdo también incluyó el pago por parte de Philip Morris de alrededor de 1.250 millones de euros durante el periodo del convenio, que expira el próximo año. Ambas partes se comprometieron a revisar su prolongación dos años antes de su expiración, aunque estos contactos previos no han producido aún resultados positivos. JTI, BAT e Imperial Tobacco tienen firmados acuerdos similares.