Canal 9 renacerá con una deuda pendiente de 962 millones

Es el pasivo presupuestado para 2015 en las sociedades aún por liquidar

El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, dejó claro el pasado jueves durante la sesión de investidura que una de las primeras medidas que piensa adoptar su Gobierno es la de recuperar Canal 9. El problema es que, a la espera de que se cree una nueva empresa o de que se recupere la actividad de alguna de las dos existentes -la SAU (sociedad anónima unipersonal) Radiotelevisión Valenciana y el Ente Público RTVV-, la deuda pendiente asciende a 962,1 millones de euros.

De acuerdo con los presupuestos de la Generalitat de este año, esa cifra supone apenas un 4 por ciento menos respecto a la deuda de 1.002 millones de euros que las dos firmas sumaban a 31 de diciembre de 2014. Hay que tener en cuenta que, en el momento del cierre, la deuda total de la antigua Canal 9 era de 1.096 millones de euros, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

La falta de acuerdo con parte de los bancos acreedores para que la deuda sea asumida por la Generalitat (que buscaba una revisión a la baja de las condiciones), ha sido un freno para la liquidación.

División en dos sociedades

Tras el anuncio de cierre de la televisión autonómica, en noviembre de 2013, la sociedad que asumió la práctica totalidad de la deuda bancaria fue el Ente Público Radiotelevisión Valenciana. Fueron 767,39 millones a largo plazo y 134,1 millones a corto, lo que eleva los compromisos financieros de esta firma, que aún no se ha liquidado, hasta más de 900 millones de euros.

La SAU, que se quedó con el material técnico, los derechos de emisión y de propiedad intelectual y el edificio de la localidad de Burjassot, donde estaban las instalaciones de la televisión pública, asumió el resto. La previsión de la Generalitat, de acuerdo siempre con sus presupuestos, es que esta sociedad cierre el año con una deuda financiera a corto plazo de 47,6 millones, cifra a la que hay que sumar otros 12,9 millones pendientes con proveedores y acreedores comerciales.

A falta de sólo tres días para la fecha prevista de liquidación total de las sociedades que configuran RTVV, el 30 de junio, se espera que el nuevo Gobierno valenciano, que entra en funciones mañana, anuncie la paralización del proceso.

Además de los costes financieros, RTVV han tenido que afrontar, desde el anuncio del cierre, más gastos, derivados, entre otros conceptos, del mantenimiento y alquiler de instalaciones y equipos; sanciones por incumplimientos con productoras y otras empresas de servicios; pagos a proveedores; a la consultora KPMG; los salarios de los empleados que se han mantenido durante el proceso de liquidación, y las indemnizaciones a los más de 1.600 trabajadores sujetos al ERE de extinción en 2014 (que sumaron más de 93 millones de euros).

Uno de los problemas que la comisión liquidadora no ha podido resolver es el del alquiler del centro de producción en Alicante, en vigor hasta 2035 y que supone 23.000 euros al mes. No ha podido ser cancelado, porque el contrato no recoge cláusula de rescisión.

En total, fuentes de la propia RTVV estiman que los costes totales desde el anuncio del cierre y hasta hacerlo efectivo, podrían rondar los 300 millones de euros. Hay que considerar también que las pérdidas de RTVV en 2013 fueron de 212 millones, mientras que la cuentas de 2014 aún no se han aprobado.

La complejidad del proceso de cierre, agravada por las cientos de demandas de antiguos empleados y proveedores, han provocado que cuatro de los cinco liquidadores iniciales hayan renunciado, los dos últimos hace apenas unos días, ante la imposibilidad de cumplir plazos. Ahora todo depende de la decisión del nuevo Gobierno autonómico.