Deloitte trata de retrasar la rotación de clientes de la Ley de Auditoría

"La rotación del auditor incrementa el objetivo fundamental de la norma que es garantizar la efectividad en la independencia del auditor en relación con las cuentas auditadas", explicó el ministro de Economía, Luis de Guindos, cuando presentó el anteproyecto de Ley de Auditoría de Cuentas en el Consejo de Ministros. Sin embargo, pese a sus buenas intenciones, la realidad es que esta reforma se ha convertido en papel mojado a raíz de las presiones de Deloitte frente a un sector cada vez más dividido.

La rotación era uno de los puntos clave de la nueva norma ya que reduce la concentración del mercado. Sin embargo, el anteproyecto tiene un elemento complicado, el referido al periodo transitorio desde que la norma entre en vigor (junio de 2016). Según esto, las sociedades de auditoría que lleven verificando las cuentas de una Entidad de Interés Público (EIP) durante 20 años (o más) consecutivos, tendrán hasta 2020 para seguir realizando estos encargos. Mientras que las que lleven entre 10 y 20 tendrán hasta 2023. Otra cuestión distinta es para las auditoras que tengan clientes EIP desde hace menos de diez años, que tendría que cambiar en 2016.

En este sentido, Deloitte sería la firma más beneficiada, ya que podría mantener su amplia cartera de clientes del Ibex -controla 16 cuentas-, pero, a su vez, podría hacerse con nuevos de gran tamaño (como Telefónica). Asimismo, tendría más años de margen para deshacerse de sus niñas bonitas (Santander, ACS...). Hay que destacar que sólo es superada en antigüedad por PwC, pero no es comparable porque esta firma sólo controla cinco del Ibex.

Con todo, según ha podido saber elEconomista, el sector realizó una petición al Consejo de Estado en la que solicitaba dar más margen para las cuentas más "jóvenes". Así, durante el XXII Congreso Nacional de Auditoría, uno de los ponentes explicó que había que "apoyar una interpretación que facilite que el periodo transitorio se mayor cuando la relación previa sea más corta". Sin embargo, estas peticiones han quedado en nada por dos motivos. Por un lado, una consulta que el Gobierno envió a Bruselas sobre si el periodo transitorio para las firmas con clientes con menos de diez años de antigüedad podría ampliarse a cinco tras su entrada en vigor -la respuesta fue negativa, pero no es vinculante al no proceder de un tribunal europeo- y, por otro lado, de las presiones que Deloitte ejerció al Gobierno. Con todo, si se incluyera esta petición en las enmiendas del Senado (el Congreso vota hoy), sí que se lograría reducir la concentración del mercado, ya que los periodos para cambiar de firmas auditoras se equipararían (desde 2020 a 2023 se produciría el baile).