Pescanova: el juez aparta a Fernández Sousa y pone a la CNMV al frente
El juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha dictado auto en el que se declara a Pescanova en concurso de acreedores, y en el que también se aparta al consejo de administración, presidido por Manuel Fernández de Sousa, de la dirección de la empresa, ya que "el mantenimiento de la facultades patrimoniales del deudor entraña evidentes riesgos". Sousa ocultó un bonus que cobró en Pescanova de 300.000 euros en 2011.
Además, el juzgado ha confirmado que la administración concursal estará integrada por un miembro del personal técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), o una persona nombrada por ésta.
Este administrador deberá comparecer ante el tribunal en el plazo de 5 días para confirmar si acepta o no ese cometido. Agricultura y la CNMV estudian vías legales para destituir al equipo gestor.
"Las facultades de administración y disposición del deudor sobre su patrimonio quedan suspendidas, siendo el deudor sustituido por la administración concursal que se designará al efecto", según consta en el auto.
En la solicitud del concurso, Pescanova reconoce que tiene más de 50 acreedores y, aunque no se detalla la deuda, el auto apunta a una diferencia de casi 88 millones de euros en el pasivo total, entre la documentación aportada inicialmente y la subsanación posterior. Asimismo, la multinacional acredita en su solicitud su "estado de insolvencia".
En el auto del juez, se pone de relieve que Pescanova ha incumplido su deber de formular las cuentas de 2012 en el plazo indicado, así como la "existencia de discrepancias" en el seno del consejo de administración sobre una decisión de "tal trascendencia" como la solicitud de un concurso de acreedores.
El juez señala además que el deudor no ha solicitado la liquidación de su patrimonio ni presentado propuesta anticipada de convenio, que es sociedad dominante de un grupo de empresas y que anuncia su intención de interesar de la administración concursal autorización para retrasar la obligación legal de formular que las cuentas anuales.
Con parte del consejo de administración enfrentado a la dirección de la compañía y negándose a firmar las cuentas de 2012 se disparó un proceso que desembocó en la suspensión sine die de la cotización de la empresa y la solicitud de concurso de acreedores.
Entretanto, el propio Fernández Sousa reconoció fuera de plazo la venta de un 7 por ciento del capital y la CNMV investigaba posible uso de información privilegiada.