Santander recurrirá el fallo que le obliga a indemnizar a Orcel con 68 millones

La batalla en los tribunales entre el Banco Santander y Andrea Orcel, el que iba a ser consejero delegado del grupo hasta que la entidad echó marcha atrás a su nombramiento en enero de 2019, tiene varias aristas y aún no está acabada. De un lado, el banco ha perdido por la vía civil contra el banquero y, de otro, le ha ganado hasta en dos ocasiones por lo penal, caso más relevante en el que el italiano llegó a pedir hasta la imputación de todo el consejo de administración y que la Audiencia Provincial de Madrid desestimó definitivamente al no haber datos ni indicios de que se hubiera cometido un delito.

Por la vía civil, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid ha fallado en una sentencia conocida este viernes que la entidad deberá pagar 68 millones de euros de indemnización a Orcel por su fichaje frustrado. Según el fallo, el contrato entre el Santander y Orcel era válido y la entidad decidió romperlo de manera unilateral. No obstante, a la hora de imponer la sanción, el magistrado ha tomado de base la primera demanda del banquero (pedía de forma global 112 millones de euros) que, tras ser nombrado consejero delegado de Unicredit en abril rebajó a la mitad.

De hecho, Orcel pedía inicialmente 35 millones por el salario en diferido que dejó de cobrar de UBS, su entidad de origen, al dejarla para marcharse al Santander, y después rebajó este importe a 18 millones. Asimismo, el italiano eliminó de la demanda otros 10 millones que pedía por daños morales y reputacionales, tras ser fichado por Unicredit. De este modo, la indemnización que debería asumir el Santander atendiendo a estas rebajas que hizo el propio Orcel estaría 27 millones de euros por debajo a la dictada, según las fuentes consultadas.

El grupo financiero, que respeta la decisión judicial, según fuentes oficiales, recurrirá el fallo del Juzgado ante la Audiencia Provincial de Madrid, puesto que está en total desacuerdo con la misma. El consejo de Santander confía en ganar el recurso, como ya ocurrió en las dos querellas penales planteadas en los tribunales en relación con este asunto.

Cabe recordar que Orcel se querelló contra la entidad por la vía penal en dos ocasiones, sin éxito. En la primera argumentó presunta falsedad en documento mercantil u oficial y estafa procesal, y tanto el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid primero como, después, la Audiencia Provincial de Madrid, tumbaron el caso al no ver delito. En la segunda ocasión, pidió la imputación del consejo por falsedad documental, presunto delito que según la Audiencia madrileña carece de "dato o indicio alguno" y por tanto resuelve definitivamente el caso sin posibilidad de recurso. De hecho, la sala recalca respecto a Orcel que el derecho a la tutela judicial no puede confundirse con el derecho a que las decisiones de los Tribunales sean satisfactorias para los litigantes o acordes con los deseos de estos o sus aspiraciones.

Juicio civil

El banco defendió durante el juicio civil contra Orcel, tanto a través de las declaraciones de la presidenta Ana Botín como del exjefe de RRHH, Roberto di Bernardini y el secretario general del consejo, Jaime Pérez Renovales, que Orcel incumplió el acuerdo para que su contratación como consejero delegado del grupo cántabro se hiciera efectiva. La entidad considera que la carta oferta que remitió al banquero tenía una cláusula en la que éste debía negociar con UBS (entidad de la que salía) que abonara hasta el 50% de la retribución en diferido que le correspondía por el ejercicio 2018, para rebajar así el importe que le abonaría Santander. Esta remuneración rondaba los 35 millones.

No obstante, según los testigos, el banquero, lejos de cumplir con este acuerdo, acabó solicitando al Santander más dinero por los intereses y dividendos de acciones que le correspondían de este salario diferido. Tras esto, el banco terminó por echar marcha atrás a la contratación de Orcel como consejero delegado. Además, Botín aseguró en mayo que el nombramiento de Orcel nunca se hizo efectivo porque nunca fue aprobado por el consejo de administración de la entidad y la junta de accionistas. 

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid, en contra de la posición del Santander, considera que el contrato era "válido" y por tanto obliga a la entidad a desembolsar la indemnización, según informa Efe. 

Según el juez, la carta oferta constituía un contrato "válido y perfecto, puesto que en él se contienen oferta de una parte, aceptación de otra, con el consiguiente consentimiento de ambas". Todo "a cambio de una retribución y una causa", esta es, "la finalidad directa e inmediata que persiguen ambas partes (...) en la colaboración de un profesional de la banca y de una entidad".

Además, el juez recoge y tacha de elocuentes las declaraciones de Botín en sus redes sociales, donde publicó: "Andrea Orcel ha sido nombrado consejero delegado del grupo con efectos a partir de comienzos de 2019". Y hace alusión a una entrevista en un medio especializado en la que Botín aseguró que el banquero "es muy, muy bueno en la gestión entre distintas culturas y, lo que es muy importante, tiene una trayectoria probada".

Cancelación unilateral

A su juicio, el Santander canceló el contrato de manera unilateral ya que, al no prosperar las conversaciones, frustró el fichaje tras constatar que tendría que asumir los compromisos de pago del salario diferido del banquero de siete años. El magistrado toma en consideración los testimonios de testigos como Axel Weber, presidente de la entidad de la que procedía Orcel, UBS, que en la vista defendió que cuando el Santander quiso fichar al italiano, conocía todas las condiciones.

Por ello, determina que el banco español resolvió "de manera unilateral e injustificada" el contrato, en contra de los principios legales, "con las ineludibles consecuencias" que ello conlleva, en referencia a la indemnización por daños y perjuicios.