Fernández Alén (CNC): "Si tocan la subcontratación en construcción pueden cargarse el tejido productivo"

Pedro Fernández Alén es desde marzo el nuevo presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y de la Fundación Laboral de la Construcción. Desde su posición, demanda al Gobierno que acelere la implementación de los Fondos Next Generation para evitar cuellos de botella, fomente la formación de mano de obra para ejecutar los proyectos, facilite la colaboración público-privada y contenga los cambios en la legislación laboral.

Desde el sector de la construcción, ¿qué demandan ante los cambios que quiere hacer en las figuras de los contratos la ministra Yolanda Díaz y especialmente en la cuestión de las subcontratas?

Estoy convencido que el Gobierno va a reconsiderar algunas de las cuestiones en relación con el sector de la construcción, que llega a acuerdos siempre y está todo pactado. Hay problemas con algunas medidas que quiere poner en marcha Yolanda Díaz, como la reducción de los tipos de contratos, pero también el ministro José Luis Escrivá. Tenemos un contrato específico nuestro, que es el contrato fijo de obra, está pactado en convenio, por los sindicatos, con una indemnización generosa, pero con flexibilidad para las empresas para poderlo mover.

"Hay problemas con medidas del Gobierno como la reducción de los tipos de contratos"

En cuanto a las subcontratas, consideramos que quedará al margen toda la regulación de la subcontratación en el sector de la construcción porque nosotros tenemos la ley reguladora de la subcontratación, específica nuestra, que salió con el consenso se empresarios y sindicatos. No debería tocarse. Pero está un poco confuso, todavía no hay ningún papel encima de la mesa. Esa idea podía estar pensada para una industria cerrada, en un sitio determinado, pero para la flexibilidad y la confluencia de las empresas de la construcción no tiene ningún sentido.

¿Y qué problemas refiere que atañen al ministro Escrivá?

Es otro tema que está planteado en la mesa del diálogo social y es que el Ministerio de Seguridad Social quiere eliminar la cláusula de jubilación forzosa pactada en convenio colectivo. Nosotros tenemos esa cláusula de jubilación forzosa, negociada con los sindicatos. Queremos rejuvenecer nuestras plantillas, que actualmente tienen una media de 46 años en el sector de la construcción, en el que tenemos un desempleo de más del 40% en menores de 26 años. Déjennos que por favor liquidemos. Con esta cláusula queremos poder ir jubilando gente que tiene la edad y que no se queden enquistados en la plantillas de las empresas, y poder así contratar jóvenes. Hemos llegado a ofertar que por cada jubilado que tengamos con esta cláusula meter a dos o a tres jóvenes similares. Es decir, el daño que se le puede hacer a la cotización a la Seguridad Social no existe.

Yolanda Díaz quiere la prioridad del convenio de empresa. ¿Qué le parece?

Ahí estamos hablando de eliminar la prioridad aplicativa, que sea el convenio sectorial. Ahí nosotros eso no lo hemos visto mal nunca, porque nosotros tenemos un convenio colectivo a nivel nacional, homogéneo para toda España, y que nos ha dado paz social. No recordarán una huelga en construcción nunca, porque hemos llegado siempre a acuerdos.

Creemos que debe haber una prioridad aplicativa del convenio sectorial en todo aquello que sea regulación hacia fuera de la empresa, es decir, tema de salarios, para que no haya dumping empresarial, o el tema de vacaciones y de formaciones… Después, los temas organizativos, sí puede haber una prioridad aplicativa del convenio de empresa, todo lo que sea interior, es decir, el regular las jornadas, los turnos, las vacaciones...

Uno de los retos para la recuperación económica es impulsar la colaboración público-privada, pero hay planes que siguen enquistados por la Ley de Desindexación.

El sector de la construcción es quien va a relanzar la economía española. Eso no hay ninguna duda. El 60-70% de los fondos Next Generation pasan necesariamente por el sector de la construcción. Y un cambio tan importante como el que se está anunciando, con esos 140.000 millones de euros, pasa necesariamente por la colaboración público-privada y por la construcción. El cambio de la movilidad, de la rehabilitación, del turismo, de la Justicia o el 5G pasan por unos contratos tan sumamente complejos que tiene que encauzarse sí o sí a través de la colaboración público-privada. ¿Qué es lo que ocurre? Que la regulación tiene una cuña de otra madera que hace que no funcione bien, que es la ley de desindexación, que sólo te permite tener una tasa de retorno del 2,39% a día de hoy. Estamos en un mercado global y un fondo de inversión o una gran empresa con esta rentabilidad no entran. Tenemos que facilitar esa colaboración público-privada porque es la mejor forma de poner en marcha un cambio total.

En el caso de los fondos Next Generation se ha mejorado la rentabilidad. ¿Es suficiente?

No tiene sentido poner un tope máximo de beneficio para unos proyectos, porque eso aleja la inversión privada, porque estamos interviniendo la economía. Lo que hay que hacer son unos pliegos lo suficientemente serios para que te determinen claramente qué es lo que se tiene que ejecutar, y el beneficio, si es capaz de optimizarlo la empresa o el fondo de inversión, que lo haga. No tiene sentido utilizar algo artificial como es la ley de desindexación. Y la colaboración público-privada es imprescindible para estos fondos.

¿Preocupa el desconocimiento que aún hay sobre los proyectos tractores que se van a canalizar a través de los PERTE?

Totalmente. Hasta ahora se han pedido proyectos y ahora el Gobierno es quien tiene que decir cuáles quiere poner en marcha, pero todavía los empresarios no saben cuáles son. Y se tienen que licitar. La pregunta es: ¿la Administración está preparada para sacar todo ese volumen de licitación en el plazo que tenemos asignado? No nos olvidemos que el Plan-E fueron 7.900 millones de Europa y se creó un cuello de botella importante; ahora tenemos 70.000 millones. Estamos insistiendo en que la Administración debe hacer las cosas rápido y bien, sobre todo por el tema de licitación. No tenemos que hablar de los grandes ministerios, que tienen grandísimos profesionales, sino de Administraciones autonómicas, locales, diputaciones, que no tienen capacidad física, ni personal, para poner en marcha todos esos fondos. Nos estamos quedando sin tiempo, sobre todo porque nos han dicho que el compromiso son dos años, y la ejecución hasta 2026.

"No tiene sentido poner un tope al beneficio de los proyectos porque aleja la inversión"

Sería bueno tener mucho más claro qué es lo que se va a sacar, porque, además, al ser un cambio de país, los proyectos van a conllevar formación de los trabajadores que, a lo mejor, a día de hoy no tienen. Estamos insistiendo desde el sector de la construcción, tenemos una Fundación Laboral en la Construcción que puede dar formación a trabajadores. Si queremos cambiar el tema de la energía, la economía circular, con vertederos, reciclajes, desaladoras…, tiene que haber gente que sepa diseñarla, ejecutarla y ponerla en marcha. Seguramente no tengamos profesionales para poder hacer ese cambio tan grande.

¿La capacidad de generar empleo de la construcción se ve minada por la falta de formación 'ad hoc' para determinados puestos?

Sí. Es que, con un desempleo juvenil de más del 40%, en los menores de 26 años, tenemos un problema, porque se puede crear un paro estructural que puede lastrar la economía española de una manera especialmente grave. Tendríamos una generación perdida. Y nosotros ahora mismo tenemos escasez de mano de obra cualificada, necesitamos mano de obra cualificada, estamos diciendo que la Fundación Laboral de la Construcción puede formar a 200.000 trabajadores al año y el año pasado formamos a 77.000 trabajadores. Es posible que todos esos fondos tengan un problema de llevarse a cabo. Actualmente, por ejemplo, la inflación en Estado Unidos está alcanzando el 4% y se está viendo un incremento desmedido de las materias primas. Nos va a llegar un incremento del coste de la materia prima que también es de la mano de obra. Hay que incorporar a los jóvenes y hay que incorporar a las mujeres a la construcción. Tenemos capacidad de hacerlo y nos estamos ofreciendo para poder formar a gente lo antes posible.

¿Es un freno en la formación la fragmentación del mercado, con estrategias distintas según la Comunidad Autónoma?

Sí. Lo bueno de la construcción como un sector productivo es que tiene una Fundación Laboral de la Construcción en toda España, con empresarios y sindicatos metidos, con un único convenio general que regula la formación y los oficios. Esa unificación, esa homogeneidad, es importante. Estamos en conversaciones con el Ministerio de Educación para intentar potenciar la formación profesional dual. Desde la Fundación el 75% de los alumnos que empieza la formación profesional la terminan. Y, de estos, el 85% se colocan de manera inmediata. Para atajar esos problemas que nos van a llegar tenemos que empezar a formar a los trabajadores. La Fundación Laboral de la Construcción tiene 50 centros en toda España y un presupuesto de 75 millones de euros. Esa capacidad de dar formación, de ser la universidad del sector, se tiene que utilizar, y tenemos que empezar ya, porque el año que viene será tarde.

"El sector de la construcción va a superar los dos millones de trabajadores"

¿Cuántos empleos se pueden generar con los fondos y cuántos no se pueden cubrir actualmente por falta de formación?

Sólo los 17.000 millones de euros del Ministerio de Trasportes pueden suponer para el Producto Interior Bruto (PIB) 34.000 millones de euros y 475.000 empleos. En 2008 teníamos un 1.980.000 trabajadores en el sector de la construcción. Llegamos a estar por debajo de los 800.000 y en el parón del año pasado caímos muy por debajo de esa cifra. Pero nos hemos recuperado a 1,3 millones. Si a esto le sumamos los 500.000 que hay en ERTE volvemos a 1,9 millones. Y estamos convencidos de que vamos a superar los dos millones de trabajadores. La Fundación Laboral forma a trabajadores y lo que nos está ocurriendo es que en algunos oficios salen empresarios. Es decir, si formas ahora mismo a un instalador de placas fotovoltaicas, ese señor puede ser un trabajador o montar una empresa.

Es importante no sólo la cantidad de trabajadores que necesitamos, sino también de empresarios que necesitamos, porque un pequeño empresario que contrate a cinco trabajadores quita del desempleo, y si encima son jóvenes, mucho mejor.

"Necesitamos mano de obra cualificada para llevar a cabo los proyectos de los fondos europeos"

Si hay 1,3 millones y se suma casi medio millón de los Fondos Next Generation, ¿cómo superarán los dos millones de trabajadores cuando los Presupuestos para infraestructuras siguen limitados?

Los 475.000 trabajadores son del Ministerio de Transporte, pero otras muchas cosas ya que se van a poner en marcha. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia también incluye el 5 G, la digitalización de las empresas, nuevas formas de energía, renovar hoteles, la política del agua… Del 60% al 70% van a ser fondos de construcción.

¿De dónde van a salir los más de 700.000 trabajadores que serán necesarios en los próximos meses y años?

De los sectores que peor lo están pasando: hotelería, hostelería, restauración… Y ese 40% de jóvenes en paro se puede incorporar perfectamente al sector de la construcción.

¿Se corre el riesgo de no poder aprovechar los fondos Next Generation por falta de mano de obra o se buscará en otros países?

España se adapta a todo. Viendo el plan en toda su totalidad, nos damos cuenta de que la inmensa mayoría del plan pasa por el sector de la construcción, y hoy, que todavía no han llegado los fondos y no se ha concretado todavía lo que hay, necesitamos mano de obra. El problema nos puede venir en meses, pero vamos a intentarlo solucionar lo antes posible.

Y en cuanto al plan de rehabilitación de vivienda, ¿echa de menos más implicación de la banca para que sea más atractivo?

En Murcia han puesto en marcha avales públicos para el 20% que no financian las entidades. Si se pusiese en marcha una medida similar en toda España los jóvenes, si los incorporamos al sector de la construcción en el necesitamos mano de obra, podrían independizarse de manera inmediata y realizar una compraventa de vivienda. Y ahí empezamos a mover otra vez la máquina. Nos guste o no nos guste España son servicios, es construcción y es turismo.

No puede ser que no le estemos dando un futuro a los jóvenes. Por eso estamos insistiendo en que la construcción no es solo arena, carretilla y ladrillo, la construcción es sostenibilidad, medioambiente, nuevas tecnologías, nueva maquinaria… Hay que venderlo para que los jóvenes se den cuenta de que dentro de la construcción pueden tener un futuro profesional a muy largo plazo y, además, el salario está muy por encima de otros sectores.

Tenemos que convencer exactamente igual que hizo el Ejército cuando terminó la mili. Cuando estábamos en la mili veíamos al soldado pelando patatas; hubo una campaña importantísima en la que se demostró que el soldado también está en tanques, en portaviones, en helicópteros, que hace una labor humanitaria, que maneja armamento, y eso hizo que fuese atractivo el Ejército y ahora hay unas oposiciones duras para entrar en el Ejército. Eso es lo que tenemos que hacer en el sector de la construcción, demostrar que ha cambiado y que es puntero en muchas tecnologías.

El Gobierno ha puesto sobre la mesa el pago por uso en las carreteras de alta capacidad. ¿Qué modelo defiende?

El pago por uso es algo que viene reclamando el sector desde hace mucho tiempo porque hay un déficit de conservación de unos 7.500 millones de euros en infraestructura viaria. Cada 10 kilómetros hay uno que tiene más del 50% deteriorado. Es necesario solucionar esto de alguna manera. Se parte de una idea que está perfectamente consolidada en Europa, con el principio de que quien usa paga. La tasa por uso no es un nuevo impuesto. Está claro que a lo mejor la situación económica no es ahora la propicia y quizás tenemos que empezar a poner esto en marcha para que poco a poco nos vaya sonando. Hay que tener en cuenta un programa específico para transportistas y profesionales, evidentemente. Con ese dinero, que puede ser finalistas, se pueden utilizar para renovación de flotas, para la reducción de la contaminación diésel y para conservación y mantenimiento de las carreteras. Lo que es seguro es que cuando el pago por uso esté funcionando veremos carreteras mucho más seguras, mejor conservadas y unos servicios adicionales en las carreteras que no vemos a día de hoy.

¿Y con el elevado porcentaje de uso del transporte de mercancías por carreteras en España prevé que esta tasa pueda llegar a tener una incidencia relevante en la inflación?

No. El impacto de esto tiene que ser un fondo finalista y creo que el impacto en el IPC es absolutamente anecdótico. Se está hablando de poner pórticos cada 50 kilómetros, con lo cual en el movimiento habitual de una ciudad, como puede ser Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, eso no tendría que estar afectado por el pago por uso. Estamos hablando cuando son distancias especialmente largas, y lo que puede llegar a ser el coste de una tasa por uso en una autovía, del coste total de un camión de gran capacidad trasladando frutas y hortalizas desde Almería hasta Múnich, la repercusión es mínima, es ínfima. Además, si de esa tasa por uso finalista sacamos un fondo para, por ejemplo, renovar las flotas de transportistas y de camiones, el consumo en el diésel será menor y baja el precio.

¿Y dentro de CEOE cómo van a convivir las posiciones opuestas de CNC y Seopan con la de los transportistas?

Buscaremos y llegaremos al consenso. Siempre salen acuerdos dentro de CEOE. Nos sentaremos a la mesa y no nos levantaremos hasta que lleguemos a un acuerdo. Hay que tener en cuenta la peculiaridad de los transportistas y los profesionales que utilizan este medio. Gran parte del transporte queda totalmente fuera del pago por uso, que implicará al de largo recorrido y con grandes camiones con los que seguro podemos llegar a un acuerdo pronto.