La banca retrasa al segundo trimestre el plan para refinanciar los avales ICO

La banca y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, trabajan en un plan para refinanciar los créditos avalados por el Estado otorgados a empresas, pymes y autónomos afectados por los efectos de la pandemia. Ante la incapacidad de algunas compañías de hacer frente al pago de estos préstamos por la persistencia de la crisis, entidades y Administración preparan un marco para renegociar los créditos y hacer más fácil el pago a los deudores. Sin embargo, este plan que inicialmente estaba previsto que estuviera preparado primero para enero y, después, para marzo de este año, ahora no se espera hasta el segundo trimestre del año, según informan fuentes financieras a elEconomista, alargando la agonía de miles de compañías, que esperan una reestructuración de la deuda para aliviar sus obligaciones.

Los bancos han concedido desde marzo más de 114.600 millones de euros a 626.800 empresas, pymes y autónomos, de los que 87.085 millones están avalados por el ICO. Las patronales bancarias, junto al Ministerio de Economía y el Banco de España, trabajan en estos momentos en realizar un diagnóstico de la situación para conocer qué volumen de clientes de los que han recibido estos avales son viables y cuáles ya son insolventes y una vez tengan la información, elaborar un marco sobre el que basar a qué empresas se puede refinanciar la deuda y cuáles serán los requisitos que tengan estas renegociaciones.

Desde determinados bancos recuerdan que cuando en marzo y en pleno inicio de la pandemia se puso en marcha la financiación avalada por el Estado, el propio Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno matizaba que solo se le podía conceder estos préstamos a compañías solventes con problemas de liquidez. Sin embargo, con el año 2020 cerrado, las entidades evalúan sus carteras y alguna de ellas admite que ahora hay miles de clientes que han recibido la financiación y que ya son insolventes.

El propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, reconocía hace escasas dos semanas que la crisis generada por la pandemia ha impactado considerablemente en las cuentas de resultados de las empresas y ha deteriorado su solvencia. De hecho, la previsión del organismo es que la mitad de las compañías del país haya cerrado el año 2020 con pérdidas.

Los bancos tienen claro que no van a dejar caer a una compañía viable, que tiene un proyecto con sentido y su problema es de liquidez. No obstante, de momento, están obligados por Decreto-ley a prorrogar de forma automática la carencia de pago y extender los plazos para abonar los préstamos tanto a las compañías con problemas como sin ellos. Cabe recordar que el Consejo de Ministros aprobó el pasado noviembre ampliar de un máximo de cinco años a un máximo de ocho años el plazo en el que se pueden pagar los créditos avalados. Asimismo, también permitió prorrogar el periodo de carencia de pago (tiempo en el que no se abona el préstamo) de 12 meses hasta un máximo de 24 meses. Así, muchas empresas, pymes y autónomos no comenzarán a abonar los préstamos al menos hasta marzo de 2022.

Sin embargo, no todas las compañías se han acogido a la prórroga de carencia de pago, por lo que el grueso de los clientes tendrán que comenzar a abonar sus deudas a partir de marzo y abril de este año, fecha en la que la banca asegura que comenzará a poder hacerse un escenario más fidedigno de cómo van a responder las compañías y el nivel de morosidad que les pueda entrar. En este caso, al estar avalados los préstamos en un 76% por el ICO, el Estado asumirá el agujero de este porcentaje y las entidades, del 24% restante.

Sin protocolo de actuación

No obstante, lo que parece que puede dar visibilidad a la banca a la hora de prever sus riesgos es una menor incertidumbre regulatoria. El sector financiero espera aún que la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) se pronuncie sobre qué hacer con los préstamos fallidos avalados por el ICO, puesto que el organismo permitió la pasada primavera que no se reclasificaran como morosos para aliviar el esfuerzo en provisiones de los bancos.

Para el sector financiero y el ICO es clave llegar a un acuerdo en materia de refinanciación de los préstamos con el objetivo de evitar la entrada de mora. Con el fin de poder realizar este diagnóstico sobre la situación de las compañías y autónomos que han recibido avales, las patronales bancarias (AEB y CECA) llegaron a un acuerdo con el Banco de España para poder tener acceso a la Central de Información de Riesgos (CIR) y la Central de Balances y conocer el estado de salud de las empresas.