Empresas y finanzas

Alcoa rechazó la mediación de la SEPI en la venta de la planta de aluminio de San Ciprián

  • Se reúne con los trabajadores sólo para negociar un Erte o los despidos
  • Abandonó la negociación con Liberty, pero se exime de toda culpa
  • Industria anuncia "decisiones menos amistosas" y la Xunta pide mantener las negociaciones
Manifestación de los empleados de Alcoa. Foto: Archivo.

Tomás Díaz

Alcoa rechazó la mediación de la SEPI en la negociación con Liberty para la venta de la planta de aluminio primario de San Ciprián (Lugo), según han revelado la Xunta de Galicia y el Ministerio de Industria, que llegó a ofrecer la adquisición temporal de la instalación. Ambas administraciones culparon a la norteamericana de ser "la única responsable del fracaso de las negociaciones" y advirtieron de que ahora "se abre otro escenario donde se tomarán otro tipo de decisiones menos amistosas".

La multinacional norteamericana insiste en que "ha negociado de buena fe", respondiendo así al Ministerio de Industria y a la Xunta de Galicia, que el fin de semana trasladaron al comité de empresa de Alcoa "su decepción por la ruptura de la negociación", considerando que la empresa norteamericana "ha actuado de mala fe" durante estas semanas.

Hoy mismo, las dos administraciones han vuelto a cargar contra la compañía, "al comprobar que la empresa abandonó la negociación de manera unilateral", y sin atender a su petición de que la SEPI actuase de mediadora en el proceso de venta a Liberty, adquiriendo temporalmente la factoría hasta que esta última cerrase su adquisición definitiva.

En consecuencia, le han acusado de ser "la única responsable" de la ruptura de las negociaciones, aunque no han cerrado la puerta totalmente a que haya un acuerdo. Raül Blanco, secretario general de Industria, ha anunciado un escenario "donde se tomarán otro tipo de decisiones menos amistosas" para que no se pare la planta en ningún momento, mientras que Francisco Conde, vicepresidente de la Xunta, ha pedido una ampliación del período de consultas.

Los trabajadores de la empresa han mantenido una presión constante sobre la compañía y el resto de actores implicados en el proceso de venta de las instalaciones y hoy celebran una reunión a la que Alcoa acude "con el tema único de un plan social para un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (Erte) o, a falta de acuerdo sobre un Erte, la aplicación de un despido colectivo permanente".

El Erte, "ilegal" porque habría otras opciones

El presidente del comité de empresa de la planta de Alcoa, José Antonio Zan, ha asegurado que el ERE o el Erte que pretende aplicar la multinacional, y que podría dejar en la calle a más de medio millar de trabajadores, es a todas luces "ilegal", porque entiende que la participación de la SEPI implica que existen otras opciones al despido colectivo de 534 trabajadores en la planta de aluminio primario y a la pérdida del empleo en la industria auxiliar.

Zan, ha asegurado, después de la reunión de la Mesa Multilateral, que si se le permite a una empresa "poner en tela de juicio el estado de derecho" español, seremos "una república bananera", a su juicio, una multinacional no puede "poner de rodillas al Gobierno y a la Xunta", que tienen que "levantarse y decirle a Alcoa que basta ya".

Alcoa ha insistido en sus argumentos de las últimas semanas, apuntando que "hizo una oferta equilibrada" y varias concesiones para alcanzar un acuerdo, pero que "GFG no ha negociado dentro del plazo que se comprometió a cumplir, se ha negado a proporcionar ningún tipo de financiación para apoyar el futuro de la planta y ha insistido en términos comerciales poco razonables", especificando que incluye la aprobación de cualquier venta futura de la refinería, algo que vulneraría el acuerdo pactado a mediados de agosto.

La multinacional también rechaza la solicitud de GFG Alliance -filial de Liberty- de disponer de derechos preferenciales sobre la refinería de alúmina, como un contrato de suministro preferencial durante 20 años.

"No se puede exigir a Alcoa que aporte más recursos"

"No se puede exigir a Alcoa que aporte más recursos y financiación de los que ya se ha comprometido a realizar en cantidades importantes en este proceso de venta, ni que acepte condiciones fuera de mercado, ni peticiones fuera del ámbito del acuerdo con los representantes de los trabajadores", sostiene la compañía.

La planta de San Ciprián, de acuerdo con Alcoa, se encuentra en una situación insostenible debido en gran parte a la falta de un marco energético competitivo en costes y certidumbre para la producción de aluminio. La planta ha acumulado pérdidas de más de 110 millones de euros en los dos últimos años (2018 y 2019) y en la actualidad pierde aproximadamente 1 millón de euros por semana.