Ábalos urge un cambio legal para atajar la morosidad en el camión y evitar la huelga

El Ministerio de Transportes saca la artillería para tratar de evitar el paro convocado por el camión ante la falta de ayudas y que amenaza con bloquear las cadenas de suministro los próximos 27 y 28 de julio. Así, unas 24 horas antes de que la secretaria general de Transportes, María José Rallo, se reúna con el Comité Nacional de Transporte por Carretera para intentar acercar posturas, el departamento que dirige José Luis Ábalos ha enviado a las distintas asociaciones un borrador de un anteproyecto ley destinado a cumplir una de sus exigencias: acabar con la morosidad en el sector.

El texto con el que busca modificar la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, "en materia de infracciones para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte por carretera" está fechado a 20 de julio de 2020 y ha sido recibido con cautela por parte de las distintas patronales puesto que, a pesar de ser un paso importante, es sólo uno de los puntos que se reclaman y el borrador todavía tiene que ser tramitado internamente antes de llegar al Parlamento, donde podrá ser debatido y modificado. Así, hasta que no se produzca el encuentro, previsto para mañana miércoles a las 11.30 horas, no se sabrá si la maniobra ha sido suficiente para abrir un periodo de tregua.

Propone multas de hasta 4.000 euros a las empresas que se retrasen en el pago de los portes

El texto, al que ha tenido acceso este diario, busca impedir por ley que se pacte un periodo de pago superior a sesenta días naturales al precio del transporte y fija multas de entre 1.000 y 2.000 euros a las empresas que incumplan el plazo legal máximo de pago en los contratos de transporte de mercancías por carretera. La sanción se eleva hasta los 4.000 euros si las empresas afectadas por los impagos son personas físicas o microempresas o si el deudor es "una persona jurídica que no tenga la condición de pyme".

El Ministerio de Transportes, que lleva meses dando largas al sector, justifica este cambio legal urgente con la pandemia del coronavirus y los problemas de liquidez que afronta un sector tan atomizado como el del transporte de mercancías, donde el 51,6% de las empresas "únicamente disponen de un sólo vehículo", lo que implica una "una asimetría entre las partes en la relación contractual que propicia aún más, si cabe, el incumplimiento de los plazos de pago de los portes", recoge el borrador.

Así, el departamento que dirige Ábalos reconoce que la legislación española que persigue desincentivar la morosidad empresarial "es insuficiente" porque los plazos medios de pago de las operaciones son noventa días, muy por encima de los límites fijados. "La morosidad influye negativamente en la liquidez de las empresas. El riesgo de esta influencia negativa aumenta drásticamente en períodos de crisis económica, como el motivado por la pandemia del covid- 19, al hacerse más difícil la financiación, y afecta especialmente a las empresas de mediano y pequeño tamaño (pymes), puesto que comporta una grave desestabilización de su estructura financiera, que puede condicionar incluso la viabilidad de las mismas", recoge el texto del anteproyecto de ley que sólo entrará en vigor cuando se publique en el BOE.

¿Qué pide el sector?

Conseguir que se cumpla la ley de morosidad y que los plazos de pago sean más cortos es uno de los puntos que está adquiriendo especial importancia en este contexto de crisis ya que los clientes están empezando a ampliar los periodos para pagar las facturas de los 60 a los cien días y a pedir rebajar unilaterales de precios. Aún así es sólo una de las medidas que exige el sector para enfrentarse con garantías a la crisis y que también incluye reclamaciones históricas como la "oposición al desvío obligatorio de vehículos pesados hacia vías de peaje".

Otro de los puntos más polémicos que exige el sector es la modificación del contrato de transportes para que se prohíba, en el transporte de carga completa, que la carga y la descarga la realice el conductor del vehículo. Los cargadores aseguran que modificar esa cláusulas les contaría 2.000 millones al año.

La armonización fiscal, dejar de descargar los camiones y el no a las 44 toneladas, en el punto de mira

También piden que ejecute de una vez por todas la armonización fiscal en el sector del transporte con la entrada en vigor de lo previsto en la Ley del IRPF, a partir del 1 de enero de 2022. La modificación del sistema de módulo se aprobó hace años pero su entrada en vigor se prorroga cada año. Otro tema fundamenta que también enfrenta al camión con los cargadores es la modificación de los pesos y dimensiones ya que el transporte se niega a que se aumente a las 44 toneladas, como se ha comprometido Industria con el automóvil.

La decisión del Ministerio de acelerar la reforma de la Ley de Transportes para contentar al camión ha sentado como un jarro de agua fría en el sector del taxi, que lleva más de un año esperando a que el departamento que dirige Ábalos presente en el Congreso de los Diputados la reforma legislativa para sancionar a los vehículos VTC.