Las constructoras no cotizadas piden 1.000 millones para evitar quiebras

La Asociación Nacional de Constructores Independientes (Anci) alerta del riesgo de quiebras de las empresas de construcción por los efectos de la crisis sanitaria por el coronavirus si el Gobierno no toma medidas urgentes. La patronal de las constructoras no cotizadas demanda actuaciones urgentes dirigidas al anticipo de presupuestos, por un lado, y a la fijación de unas compensaciones por la situación generada que supondría un desembolso para la Administración de entre 600 y 1.000 millones de euros.

La organización que engloba a empresas como Copasa, Aldesa, Sando, Grupo Puentes, Azvi, Copisa, Copcisa, Rover, Rubau, Sarrión, Becsa, CHM, Lantania, Cyopsa o Gevora, considera "la única solución para mantener las empresas en funcionamiento (todas las del sector, independientemente de su tamaño y de que sean contratistas principales, subcontratistas o auxiliares) y poder reanudar la actividad del sector construcción cuando llegue el momento, pasa por mantener los flujos de caja". En este sentido, estima que "las medidas como las que hasta ahora se han contemplado, como líneas de avales o, en el caso de concesiones, reequilibrios mediante ampliación del plazo de la misma, son insuficientes a estos fines".

"Si no se ponen los medios para que las empresas del sector puedan mantener sus flujos de caja van a abocar a las empresas a defenderse mediante el concurso, abocados en muchos casos a la liquidación", denuncia Anci. Para conseguirlo, la organización que preside Jaime Lamo de Espinosa reclama dos tipos de medidas según el contrato. "Unas, la mayoría, no exigen incremento de gasto y se podría hacer con los presupuestos ya consignados; la segunda batería de medidas sí exige un incremento de gasto, que podría estimarse entre los 600-1.000 millones de euros en el conjunto de las Administraciones Públicas", explica en un comunicado.

Piden certificar y abonar de forma sumamente ágil y con la menor burocracia, el mes de marzo en las obras

Entre las que no exigen incremento de gasto, Anci solicita hacer "uso de todo el presupuesto con carácter de urgencia" de las obras y muchas concesiones que tienen a 1 de enero sus anualidades consignadas. Así, "certificar y abonar de forma sumamente ágil y con la menor burocracia, el mes de marzo en las obras" y para los meses siguientes, "habilitar la posibilidad de dar anticipos en base al presupuesto del año con la fórmula que se decida". En el caso de las concesiones, aboga por que se considere "el reconocimiento del abono en base a un mes 'normal' de un año 'normal' (considerar tráficos, consumo de agua, etc…del mismo mes de 2019) para mantener los flujos al servicio de la deuda y evitar el riesgo de 'default', tanto mayor cuanto más se prolongue en el tiempo la situación actual".

En cuanto las obras privadas, la patronal de las constructoras no cotizadas solicitan al sector bancario la prórroga de los vencimientos y obligaciones de pago al menos dos años hasta que recupere la demanda. En aquellas obras del sector inmobiliario, residencial o no, en las que intervenga un banco vía crédito promotor, "el banco tiene que garantizar la cadena de pagos al constructor y al promotor usando la línea de avales del Estado, pero la realidad esperada es que la crisis económica devenida de la sanitaria supondrá que el promotor tendrá más dificultades para vender su producto", explica. Así, "si los bancos no colaboran con esta realidad volverán a quedarse con muchos proyectos, situación claramente indeseable para todas las partes".

Más allá de estas medidas, Anci también plantea otras actuaciones al Gobierno que sí requieren incremento de gasto al no estar contempladas en los presupuestos de las obras o ser necesarias para mantener las concesiones que generan sus propios ingresos. Para estos casos en particular "es fundamental el reconocimiento de la existencia de fuerza mayor, lo que es indudable en las circunstancias que estamos viviendo y de conformidad con lo indicado por la FIEC a la Unión Europea".

La patronal demanda que se regule con un expediente de daños aquellas concesiones que generan sus propios ingresos

En obras, Anci solicita que se regule mediante un expediente de daños los gastos sobrevenidos por la situación generada por la suspensión de la actividad y que deberá valorarse para cada obra (gastos generales de las empresas al haberse prohibido los despidos y bajar los ingresos, vigilancia privada de las obras, costes de reanudación de las obras y reparación de daños causados durante la paralización, extensión de los avales, prórroga de alquileres, incremento de precios de subcontratistas, proveedores y suministradores…etc.)

Mientras, en concesiones, la patronal pide igualmente que se regule mediante un expediente de daños aquellas concesiones que generan sus propios ingresos, como parkings, gimnasios, etc… en las que, "obviamente, sus ingresos han caído a cero". Estas concesiones presentan "un riesgo muy alto de cierre en un plazo muy breve de tiempo por el acusado desequilibrio ingresos-gastos", advierte.