Las constructoras piden acogerse a causas de fuerza mayor en caso de suspender obras

Seopan, la organización que representa a las grandes constructoras y concesionarias de España, ha reclamado al Gobierno una serie de medidas adicionales a las ya recogidas en el RDL 8/2020 para hacer frente a la crisis del coronavirus. Demanda, por un lado, actuaciones apoyo jurídico a las empresas del sector, "para resolver y acotar muchas indefiniciones e indeterminaciones", y por otro, "medidas urgentes paliativas para resolver, transitoriamente, la falta de liquidez derivada de la ralentización y/o suspensión de la actividad según caso".

Entre las medidas de apoyo jurídico, "la más relevante –señala la organización-, no recogida en el referido RDL, es la declaración legal de considerar los efectos del COVID-19 y medidas para frenar la pandemia como causa de fuerza mayor, tanto para los contratos de obras públicas y servicios, como de concesiones". "En esta línea están procediendo gobiernos de otros países, al igual que la Federación Europea de la Construcción - FIEC -, en la nota de prensa publicada ayer lunes 23 de marzo", recuerda la patronal del sector.

Con ello, Seopan quiere que se clarifiquen los supuestos de suspensión, tal y como reconoce la ley y, al mismo tiempo, que las entidades financieras tengan una visión clara de que la ley ampara a las constructoras  en cualquier decisión, sea la de parar los contratos o continuar, de tal manera que existan garantías ante cualquier apoyo financiero que sea preciso.

Entre las medidas de liquidez, el RDL "debería complementarse con medidas específicas para la contratación pública como autorizar anticipos a cuenta durante el periodo de alarma, a deducir íntegramente de certificaciones futuras tras la finalización del periodo de alarma". Esta medida, explica Seopan, "además de no suponer consumo de recurso publico adicional alguno y beneficiar a todos los proveedores, subcontratistas y trabajadores autónomos, supondría también un alivio para la asignación de la línea de avales recientemente autorizada por el Consejo de Ministros".

"Consideramos necesario establecer la necesaria ampliación automática del plazo contractual como consecuencia del plazo perdido por bajo ritmo de producción"

Asimismo, y atendiendo a la norma general del RDL 8/2020 de continuar con la actividad cumpliendo las recomendaciones sanitarias, "consideramos necesario establecer la necesaria ampliación automática del plazo contractual como consecuencia del plazo perdido por bajo ritmo de producción durante el periodo de alarma", incida la organización que preside Julián Núñez.

Para todos los contratos de concesiones, el reconocimiento de la causa de fuerza mayor, ya referida, junto con la autorización de un plazo límite para la implementación de las medidas de restablecimiento del equilibrio recogidas en el RDL (por un periodo equivalente al 15% del plazo de la concesión), "garantizaría su viabilidad y servicio durante el estado de alarma", incide.

El de la construcción es el sector productivo que genera la mayor actividad económica inducida de nuestra economía, 1,92 euros por euro invertido

La patronal hace hincapié en que "el sector de la construcción e infraestructuras tiene un enorme impacto en nuestro desarrollo económico y social, al tratarse del sector productivo que genera la mayor actividad económica inducida de nuestra economía, 1,92 euros por euro invertido, con la menor cuota de importaciones de todos los sectores productivos - únicamente 9 de cada 100 euros producidos tienen su origen fuera de España –".

En términos de actividad representa el 10% del total de la economía española, con una producción en 2019 de 124.049 millones de euros y una ocupación de 1.268.600 trabajadores. Por origen de demanda, el 12% es pública y el 78% privada.

Mensualmente, las obras públicas producen de media 1.233 millones de euros/mes con 152.000 empleos directos, y las obras privadas 9.104 millones de euros/mes con 1.116.600 empleos directos, según los datos estimados por Seopan. "Y un mes de suspensión total de la actividad, implicaría cerca de un punto porcentual menos de PIB anual, afectando a más de 1.270.000 trabajadores", alerta.

Adicionalmente, la actividad en concesiones de infraestructuras y servicios representa un volumen anual superior a 2.800 millones de euros, con distintas tipologías tanto de infraestructuras de transporte, como hidráulicas, de medio ambiente y de equipamiento público, como por ejemplo la última extensión de la red de hospitales públicos realizada en la Comunidad de Madrid

Únicamente la actividad económica en contratos públicos de obras en ejecución con todas las Administraciones y entidades públicas empresariales - sin incluir contratos públicos de suministros, de servicios y de concesiones - representó en 2019 más de 14.800 millones, correspondiendo un 36% a la Administración General del Estado, un 28% a las Comunidades Autónomas y el 36% restante a las Administraciones Locales.

Impacto internacional

"Se ha de tener también en consideración el rango internacional de esta crisis sanitaria con muy graves consecuencias económicas, sin precedentes en nuestra historia reciente. Y ello constituye también un factor estratégico para las compañías de infraestructuras españolas, las segundas del mundo en actividad internacional y las primeras en la construcción y operación de concesiones de infraestructuras", apostilla la patronal.