España debe invertir 10.000 millones para depurar las aguas residuales

España debe invertir 10.000 millones de euros para depurar correctamente las aguas residuales, ha de mejorar la recogida selectiva de residuos municipales para pasar del actual 34% de reciclado al 50% en 2020, y tiene que aumentar los impuestos ambientales -los quintos más bajos de la UE-, reduciendo a la par la carga fiscal sobre el trabajo, según el diagnóstico de la Comisión Europea.

Cada dos años, Bruselas evalúa la aplicación de la normativa ambiental en la UE, analizando país a país, y recomienda actuaciones en los ámbitos analizados, desde el capital natural y la protección del suelo, hasta la calidad del aire o la eficacia de la Administración. España, concretamente, afronta tres retos principales: mejorar la gestión del agua y los residuos, y subir las tasas ambientales, según la Revisión de la normativa medioambiental 2019.

Sanción por mala depuración

La Comisión recuerda que en julio del año pasado el Tribunal de Justicia de la UE impuso al país su primera sanción pecuniaria ambiental por el insuficiente tratamiento de las aguas residuales: 12 millones, más casi 11 millones por semestre de demora en cumplir la normativa de referencia.

España recoge el 96,9% de las aguas residuales y somete a tratamiento el 84,1%, pero quedan 700 aglomeraciones urbanas que no cumplen las exigencias comunitarias, sobre las que pesan cinco procedimientos de infracción, incluyendo el ya fallado. La inversión para cumplir la normativa, y cerrar los procedimientos, asciende a unos 10.000 millones; según las últimas previsiones, no se conseguirá hasta el período 2027-2030.

Además de resolver la depuración -responde al déficit de inversión en infraestructuras-, el país debe medir mejor las extracciones y los usos del agua -acabar con la extracción descontrolada-, y cumplir los plazos de la Planificación Hidrológica, puesto que todavía están pendientes los planes de riesgo de inundación de Canarias, previstos para 2015.

Una única tasa de vertedero

España produce 462 kilogramos de basura por habitante y año, menos que la media de la UE, de 487 kilos, pero envía al vertedero el 54%, más del doble de la media comunitaria, del 24%. También hay varios procedimientos de infracción en curso por vertederos ilegales o no conformes.

Los técnicos comunitarios recalcan que el país debe implantar un impuesto de ámbito nacional sobre el depósito en vertedero o armonizar los de las comunidades autónomas para que desaparezca el vertido de los residuos reciclables o valorizables, a la par que se introduzcan tasas de residuos vinculados al volumen en que éstos se generan para cubrir los costes del proceso. En este ámbito, además, es prioritaria la coordinación entre las comunidades autónomas y la Administración central.

Queda mucho por hacer

El tercer reto del país es desplazar la presión fiscal del trabajo a impuestos menos perjudiciales para el crecimiento que también desincentiven actividades que generan costes indirectos, como los sanitarios.

En España la fiscalidad ambiental representa el 1,83% del PIB, frente a la media europea del 2,4%, y la UE cree que hay margen para subirla, sobre todo en los sectores del transporte y la energía, aunque una buena tarificación del agua o la citada tasa de vertedero son básicas para solventar los problemas en esos sectores.

Bruselas reconoce que el país ha avanzado en los tres retos señalados desde la última evaluación, pero indica que queda mucho por hacer.