El Gobierno aprobó ayer un plan de ayudas al alquiler que contempla movilizar entre 700 y 900 millones para respaldar a los inquilinos afectados por la crisis del coronavirus. Unas ayudas que, según los cálculos del Ejecutivo, pueden llegar a un un millón de familias. El plan, que se articula sobre cinco pilares, hace distinciones claras entre los propietarios particulares de las viviendas y los que considera grandes tenedores, es decir, fondos, socimis e inversores que cuentan con más de 10 pisos en propiedad. Concretamente, a este último grupo se les obliga a tomar uno de estos dos caminos: aplicar una quita del 50% de la renta durante el tiempo que dura el estado de alarma y hasta un máximo de cuatro meses o aceptar una moratoria del pago de la renta durante cuatro meses. Una deuda que se les pagará sin intereses y de manera fraccionada en un periodo de hasta tres años y siempre dentro del plazo que continúe la vigencia del contrato. "Se trata de proteger a los inquilinos y a los pequeños propietarios, y garantizar que los grandes tenedores tengan que arrimar el hombro", ya que "no es lo mismo un fondo buitre que un pequeño propietario o una pareja de jubilados", explico ayer el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Cuando el casero de la vivienda sea un particular, situación que se da en aproximadamente el 85% de las viviendas de alquiler de este país, el Gobierno será el que financie a coste cero el pago de las rentas. Concretamente, el Ejecutivo ha aprobado habilitar microcréditos para ayudar a las familias afectadas. La idea es que, una vez recuperadas del bache, éstas devuelvan los microcréditos en un periodo de entre seis y diez años, en función de su capacidad económica y las dificultades que atraviesen. Esta medida está pensada para personas en paro, trabajadores afectados por Ertes o reducción de jornadas y para autónomos que vean minorados sus ingresos por el freno a la economía. Para los colectivos que queden mucho más afectados por la crisis y no puedan devolver los créditos, el Gobierno tiene previsto destinar los fondos del Plan Estatal de Vivienda, dotado con 400 millones para los próximos dos años, para hacerse cargo de las deudas. Las medidas de apoyo solo cubrirán 900 euros al mes de la renta y 200 euros en suministros durante seis mensualidades.Asipa, las asociación que representa a los grandes propietarios inmobiliarios, como Azora, lamenta que "algunas posturas más populistas hayan introducido, para todo aquel que tenga más de 10 viviendas, el concepto de gran tenedor para discriminar injustificada y arbitrariamente este ahorro colectivo". Así, considera que es importante recordar que "el ahorro colectivo o institucional no es otra cosa que sociedades de gestión que representan a millones de ciudadanos individuales que deciden unir sus ahorros para facilitar inversiones colectivas más grandes y a más largo plazo". Esta medida "castiga, sin justificación alguna y de forma indirecta, a ahorradores privados, mu-chos de ellos pensionistas, y pone en riesgo el futuro del acceso a la vivienda, al atentar contra la necesaria seguridad jurídica que este ahorro colectivo necesita para financiar los 1,5 millones de vivienda social y asequible que hay que construir en España para resolver los problemas de acceso a la vivienda de jóvenes y familias".El fondo Blackstone, que se ha convertido en el mayor propietario de viviendas en alquiler de España con unas 50.000 unidades a través de distintas sociedades y socimis como Testa, Anticipa, Fidere y Aliseda, recuerda que hace unos días "ya avanzó que prestaría especial atención a las familias vulnerables afectadas por el Covid-19 que no pudieran asumir el pago del alquiler. Ahora, trabajaremos para implementar las nuevas medidas y dar apoyo a nuestros inquilinos en situación de dificultad". Del mismo modo, la socimi Témpore, con una cartera de más de 2.500 pisos, asegura que "implementará las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno" y destaca que, "conscientes de la gravedad de la situación económica, ya hemos aprobado medidas para flexibilizar el pago de las rentas de las familias afectadas".