Las comunidades autónomas se están centrando en medidas para favorecer la liquidez de las empresas y de la población mientras dure el estado de alarma, que ha reducido drásticamente la actividad económica y está dejando a muchos trabajadores -especialmente pymes y autónomos- sin ingresos, o muy reducidos, y con facturas por pagar. Sin embargo, las autonomías coinciden en que el mayor margen de actuación lo tiene el Gobierno central, al que reclaman más iniciativas para combatir los efectos económicos del Covid-19.Y, mientras tanto, las empresas claman a todos los niveles de la Administración para que asuman que sus previsiones de ingresos fiscales para 2020 han quedado desfasadas y serán imposibles de cumplir, y para que aplacen y supriman el cobro de impuestos durante meses, más allá del estado de alarma, ya que muchos sectores no podrán recuperar más tarde la facturación perdida ahora. La patronal catalana Foment del Treball ha sido de las más activas en lanzar propuestas, y ayer insistía en una petición que su presidente, Josep Sánchez Llibre, hizo llegar por carta el jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: el aplazamiento por tres meses de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias que no se ven afectadas por las suspensión de plazos regulados en el Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, y que la cantidad aplazada pueda ser fraccionada en los seis meses siguientes.Es decir, Foment pide que se aplique una moratoria general, con independencia del importe y de los sujetos que lo realicen. El objetivo es el mantenimiento de la cadena de pagos, de la tesorería de las empresas, del empleo y del consumo, así como permitir una salida mucho más acelerada de la situación en cuanto la crisis se supere.La misiva argumenta que las medidas excepcionales adoptadas hasta ahora por el Gobierno tienen una "muy limitada flexibilización de plazos" para la realización de ciertos trámites en procedimientos tributarios, y para la realización de pagos de liquidaciones.Las demandas de MadridEsta semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, enviaba una carta a Pedro Sánchez reclamando más ayuda del Gobierno de España. En su misiva, la líder madrileña estima que la crisis del coronavirus en la región de Madrid podría ascender, de inicio, hasta los 1.195 millones de euros, equivalente al 0,5% del PIB regional. Destaca así que las consejería de sanidad, la de políticas sociales, la de transportes y la de educación son las más afectadas, "aunque ésta es una lucha que afecta a todas". Y ello sin contar que el impacto económico que tendrá el cierre de la actividad durante un mes podría oscilar entre el 2% y el 5% del PIB madrileño, apunta Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez. A la espera de la respuesta del Gobierno nacional, la Comunidad de Madrid, ha elaborado una Guía informativa para orientar a empresas, trabajadores y autónomos sobre sus derechos y obligaciones en la actual situación emergida de la crisis del coronavirus.Asimismo, la administración regional del Madrid ha procedido a que las aseguradoras eliminen su cláusula de rescisión de póliza en caso de pandemia. La Comunidad ha llegado también a un acuerdo con el sector del taxi y VYC para garantizar el traslado de los profesionales sanitarios a los domicilios de los pacientes.De otra parte, ha demandado modificaciones regulatorias en distintos ámbitos para procurar mayor flexibilidad en el sector de vehículos de transportes con conductor, alternativas para las pruebas de selectividad, reducción de currículos –especialmente en la EVAU- y ampliación de plazos para justificar el Fondo Social Europeo. En la citada carta que la presidenta ha enviado a Presidencia del Gobierno, ha vuelto a recordar que el Ministerio de Hacienda aun les adeuda 377 millones de euros en concepto del IVA de diciembre de 2017, o los 54 millones que el ministerio que dirige María Jesús Montero les debe por las entregas a cuenta retrasadas. Además, la Comunidad de Madrid pide que se excluyan los gastos del coronavirus, y pide que Hacienda abra una línea de refinanciación de liquidez mediante avales públicos de la administración regional madrileña.