BBVA acusa directamente en su informe forensic de la contratación del comisario José Manuel Villarejo a diferentes directivos de la entidad, entre los que no figura su expresidente Francisco González. Según el documento aportado a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elEconomista y que forma parte del sumario, el banco sostiene que "las personas que habrían verificado la prestación de los servicios ofrecidos por Cenyt (firma del expolicía) entre 2004 y 2017, según las evidencias obtenidas, serían Ángel Cano, Julio Corrochano, Antonio Béjar, Manuel Castro, Ignacio Pérez Caballero e Inés Díaz Ochagavia".Todos ellos están imputados en la causa judicial que investiga la trama de espionaje encargada su-puestamente por el grupo financiero. Destacan en esta lista el que fuera consejero delegado, Ángel Cano, el exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, y el exdirector de riesgos, Antonio Béjar. Éste último ha sido el único que ha colaborado hasta el momento con la Audiencia Nacional, con la aportación de testimonio, datos e información.El informe, para el que han trabajado PWC, Garrigues y Uría Ménendez, indica en las conclusiones que dieron autorización para el pago de las facturas a Cenyt por una suma de 10,2 millones Cano, Javier Malagón, Corrochano, Béjar, Ricardo Gómez, Beatriz Aguiriano, Ignacio Pérez Caballero e Inés Díaz Ochagavia.El escrito de BBVA señala que los centros de coste es donde se registraron las facturas emitidas y hace un desglose de las mismas: "partida de varios no clasificados"; "pendientes"; "quebrantos diversos y otros"; "quebrantos" y "FP Auto Seguridad"; además de "protección corporativa", "Junta General de accionistas (Financial Holding)", y "Quebrantos diversos y otros". Las facturas, prosigue el forensic, "fueron contabilizadas en diferentes cuentas contables asociadas a dichas partidas.De la lista de implicados en la supervisión de los trabajos de Villarejo, que presuntamente conllevaron el pinchazo ilegal de más de 16.000 comunicaciones privadas de políticos, empresarios y periodistas, solo una de las directivas aún no está imputada por el juez Manuel García Castellón. Además, hay que señalar que el banco elude cualquier tipo de responsabilidad del que fuera presidente durante más de veinte años, Francisco González, y al que la Fiscalía apunta directamente en su acusación. La responsable que se escapa del foco del banco, en su investigación interna, es Beatriz Aguiriano, perteneciente al departamento de Contabilidad.En sus últimas declaraciones públicas, el actual presidente de BBVA, Carlos Torres, decidió sin embargo no defender públicamente a su antecesor en el cargo, a diferencia de lo que venía haciendo desde que estalló el escándalo, a principios de 2019. En esa ocasión, Torres señaló el pasado 31 de enero que "no podía ni debía hablar de otras personas". Un año antes, el banquero calificó a González como "guía" y "modelo a seguir" por su ética y moral y por su visión del negocio financiero."Proyecto Teca/Deep Blue"La relación de personas que tuvieron que ver con la causa judicial son incorporadas por el banco en su escrito del 12 de julio de 2019 a la Audiencia Nacional, tras una indagación de pruebas, que el banco internamente denomina "Proyecto Teca/Deep Blue" (Caja pequeña/ Azul Profundo). La entidad sostiene que sus conclusiones son "preliminares" y que "sin que hasta la fecha haya hecho entrega de su resultado definitivo".BBVA, en otros escritos, sostiene que todos los contratos con la empresa de Villarejo fueron firmados por el que fuera jefe de Seguridad, Julio Corrochano, durante todo el periodo temporal (2002-2017), , salvo uno, el rubricado el día 2 de diciembre de 2014.La entidad, en sus alegaciones ante la Audiencia Nacional, sostiene que de los trabajos realizados por el excomisario de la Policía, considera que habría sido perjudicado, porque no habría obtenido los resultados deseados al no haber recuperado dinero alguno de las investigaciones llevadas a cabo de los clientes morosos, entre ellos, Martinsa y Colonial. De hecho, indica que los servicios prestados por Cenyt ha-brían causado "un perjuicio patrimonial". "Perjuicio que vincula directamente con el provecho personal que para Julio Corrochano reportaba la contratación" de las empresas de Villarejo.Además, apunta que el excomisario habría realizado trabajo "para la búsqueda y adquisición de fincas por parte de Fracisco González, así como informe sobre la utilización privada del avión corporativo". En concreto, habría llevado a cabo gestiones para la localización, valoración y adquisición de fincas en El Escorial, Toledo, Baleares, Marbella y Madrid. Solo en Marbella habrían tenido efecto positivo.