El Tribunal de Cuentas argentino ( la Auditoría General de la Nación) reclama en su último informe sobre el sector energético disponer de capacidad para vigilar y revisar las cuentas de YPF, al igual que sucede con compañías como Pemex o Petrobras. YPF recibe de Chevron 940 millones de dólares para explotar Vaca Muerta.

Según el presidente de la institución, Leandro Despouy, la expropiación en 2012 de YPF "refleja un reconocimiento tardío de la situación extremadamente grave a la que se ha llegado en el sector" y explica que "si el sentido de retomar el control de YPF fue el de restituir al Estado el control sobre la explotación de los recursos estratégicos nacionales, no se entiende por qué se excluyó a la empresa de la órbita de control de la AGN".

En opinión del organismo fiscalizador, YPF resulta un caso excepcional en América Latina, ya que las principales empresas petroleras con participación estatal mayoritaria o controlante "Petrobras, PDVSA, Pemex, Ecopetrol y Petroecuador" cotizan en bolsa y son auditadas por sus respectivos órganos de control público.

"No cabe duda de que el prestigio de YPF, su imagen empresarial, su gestión y sus convenios con otras empresas se verían reforzados si la AGN pudiese dictaminar sobre sus balances, tarea que de todos modos llevarán a cabo consorcios privados de auditoría financiera del mundo internacional", añade el presidente de dicho organismo.

Dudas sobre el "cambio" en el mapa energético

Despouy explica en su presentación del informe que el hecho de que el Estado recupere parte de su soberanía energética a través de una posición controlante en YPF, pero que en el mismo acto señale que la empresa continuará operando como una sociedad anónima sin que le sean aplicables normativas de gestión o control estatal como el que ejerce la AGN en otras empresas públicas tal como indica nuestra Constitución Nacional, constituye un hecho de suma gravedad que debe ser subsanado de inmediato y que pone en duda la posibilidad de un cambio real del paradigma energético del país.