Garamendi insiste que el Gobierno indexe la subida del SMI a los contratos públicos
- Recriminó que hay Pymes que dan servicios públicos que están "asfixiadas"
- La patronal propondrá el jueves al Ejecutivo una subida del 3% en 2024 y 2025
- Los sindicatos no dan cifras claras pero quieren ligarlo al 10% de la inflación alimentaria
Carlos Asensio
Madrid,
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha insistido este martes en que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se impute también a los pliegos de los contratos públicos para contrarrestar el incremento de los costes de las empresas que se presentan a los concursos. "Te doy consejos que para mí no tengo", dijo el presidente de la patronal.
En una rueda de prensa junto con su homólogo francés, el presidente de Medef, Patrick Martin, en el marco del IV Foro Económico entre el Movimiento de Empresas de Francia y la patronal española (CEOE) celebrado en la Embajada de Francia en Madrid, Garamendi pidió cuentas al Gobierno que "explique" si finalmente va a implementar "esa subida" a los contratos públicos. "No puede ser esa subida del 45% en el salario y, sin embargo, el Estado se preserva en su contratación", recriminó.
El líder de los empresarios españoles recordó que su propuesta para la subida del SMI, que llevarán este jueves a las 16.00 horas a la reunión formal con el Ejecutivo y los sindicatos, es del 3% para 2024 y otra equivalente en 2025.
Los sindicatos mayoritarios (UGT y Comisiones Obreras), por su parte, no especificaron una subida concreta del SMI para 2024, pero apuntan a alzas próximas a la inflación de los alimentos, que ronda el 10%. En cambio, "no conocemos la propuesta que tiene el Gobierno", recordó Garamendi.
La CEOE, en palabras de su presidente, fundamenta su reclamación del trasvase a los contratos públicos ya que hay muchas pequeñas enmpresas que dan servicios públicos que "están realmente asfixiadas", dijo el dirigente. Al mismo tiempo criticó que "es muy fácil subir los salarios pero abstenerse de aplicar la parte que te toque".
Bajo su premisa de "te doy consejos que para mí no tengo", el líder de la patronal recordó que el Acuerdo Marco que recoge la subida salarial para 2024 de los trabajadores públicos "será del 2%" sobre la base de las retribuciones ya incrementadas el año anterior. Al mismo tiempo, el mandato recoge que se puede añadir otro 0,5% vinculado al IPCA. Recalcó que al final "no son consejos, sino que son órdenes" que luego el Gobierno no aplica a sus trabajadores, reclamó.
Hay que recordar que las subidas del SMI no hay que acordarla con los ajentes sociales. Precisamente, la última subida del 8% que se produjo en en febrero (hasta los 1080 euros al mes), con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023, se hizo solamente con el acuerdo de los sindicatos y con la patronal en contra.
En este sentido, continuó afeando la actitud del sector público en materia laboral. Recordó que tras la firma de la reforma del mercado de trabajo, hace casi dos años exactos, la temporalidad en el sector privado está "en el 14%, mientras que en las administraciones públicas estamos en el 30%".
Concluyó que ellos ya tienen preparada su propuesta "que es ese acuerdo que hemos tenido con los sindicatos el 10 de mayo, que además es una forma de no romper las tablas salariales que son los efectos de los convenios".
Menor regulación para aumentar la competitividad
Tanto la patronal española como la francesa reclamaron conjuntamente que se reduzca la normativa europea ya que "generan problemas adiministrativos" e impiden la unidad de mercado dentro de la Unión Europea. Esto implica que las empresas del Viejo Continente "pierdan competitividad frente a los mercados internacionales".
Tanto Garamendi como Martin estuvieron en sintonía en sus reclamaciones a nivel del bloque económico. Garamendi apuntó a que hay 850 normas europeas que luego "se trasladan a los países y nos genera esa rotura de de la propia unidad de mercado".
Ambos dirigentes también hablaron sobre la reciente escalada de violencia por parte de los viticultores franceses a los productores españoles en la frontera con el país galo el pasado mes de octubre.Garamendi apeló al diálogo: "Entendemos que las cosas se arreglan hablando". Por su parte, su homólogo francés calificó de "exageradas" o "anormales" las reacciones de sus compatriotas y añadió que este enfado viene motivado porque en su país "hay normativas a veces mucho más restrictivas que en otros países".