Una amenaza para los proveedores

Según sus propias previsiones, el Gobierno presentará el proyecto de Presupuestos Generales para 2017 en un mes. Empezará a partir de entonces un incierto periplo en el Congreso que puede desembocar en la imposibilidad de aprobar las cuentas, por la falta de apoyos del Ejecutivo en la Cámara. Quienes frívolamente restan importancia a ese hecho deben considerar que esa parálisis tendrá, entre otros efectos, el bloqueo de todos los mecanismos con los que el Estado inyecta liquidez en las autonomías.

Entre ellos, se encuentra el destinado al pago de proveedores, lo que implicaría reavivar el muy grave perjuicio de la morosidad administrativa que tanto daña a pymes y autónomos. Pero el panorama para estos últimos aún es más sombrío si se considera que no basta con mantener la prórroga presupuestaria y liberar los mismos recursos que en 2016. Debe considerarse el hecho de que Hacienda quiere cerrar este tipo de mecanismos de liquidez.

Se trata de un propósito lógico, considerando que, pese a diseñarse para situaciones excepcionales, su vigencia se prolonga sine die. Ahora bien, el Ministerio busca vincular su desaparición con el nuevo sistema de financiación autónomico. Pero la reforma de este último viene retrasada desde la penúltima legislatura y aún son previsibles más demoras, pues apenas se ha dado el paso de constituir el comité de expertos que diseñará la renovación.

Los proveedores no pueden quedar atrapados en medio de estas negociaciones y en las tardanzas que de ellas se derivarán. Urge que el Estado y las autonomías reaccionen y busquen soluciones para evitar que resurja una morosidad que tendrá consecuencias para toda la economía, en forma de cierre de empresas y destrucción de empleo.