Nuevo impulso a la competitividad

Los consumidores españoles vivirán esta semana una desacostumbrada situación, en la medida en que el nuevo año no comenzará con una subida generalizada de precios; incluso servicios básicos como la luz, el gas o el transporte se abaratarán.

Un escenario así no se dio ni en los peores años de la crisis y ha sido necesario esperar a un ejercicio como 2016, en el que el PIB continuará al alza y la inflación se está recuperando (el dato adelantado de diciembre, que mañana conoceremos, seguramente confirmará que el IPC ha salido de terreno negativo).

Varios factores explican esta aparente paradoja. Por un lado, fuerzas externas como la sobreoferta que domina el mercado del crudo seguirán tirando a la baja del precio de sus derivados, como la gasolina, y de los transportes. En segundo lugar, medidas adecuadas en el ámbito energético, como la reforma impulsada por Industria, han puesto coto a viejos lastres, como el déficit de tarifa (la diferencia entre el coste real de producir electricidad y el reflejado en la tarifa), trocándolo en un superávit que permitirá destinar recursos a bajar el recibo de la luz en 2016 (un 0,7 por ciento).

Pero igualmente importante es la aplicación de la Ley de Desindexación, la cual acaba con la referencia automática de las tarifas de servicios públicos básicos al IPC. En consecuencia, desde el próximo ejercicio, cualquier revisión de precios en este ámbito debe estar justificada por la evolución de los costes concretos de un determinado bien o servicio, y no sólo por la inflación general. Eliminar las alzas automáticas de los suministros básicos constituye un beneficio, como aún lo es la moderación salarial, con el objetivo de asegurar la competitividad de la economía española.