Un avance en el control de los cursos de formación

El papel de los agentes sociales en el futuro modelo de gestión de los fondos públicos para formar trabajadores y parados aún está por definirse. Sin duda, la actual estructura ya no puede sostenerse más: el hecho de que la patronal y los sindicatos diseñen los cursos que luego ellos mismos se encargan de impartir ha sido el mejor medio ambiente para el florecimiento de los intolerables casos de fraude que ambas organizaciones han amparado en provecho propio.

Sin duda, es necesario un mayor control; más discutibles, con todo, resultarían los beneficios de caer en el maximalismo de aislar completamente a los representantes de los trabajadores y los empresarios de una labor como la formativa.

Tanto la patronal como los sindicatos cuentan con unas estructuras y un conocimiento del sector que aún pueden aprovecharse. Con este objetivo, el plan de Empleo debe seguir sirviéndose de ellos como orientadores a la hora de diseñar cursos. Parece razonable que cobren por desempeñar esa asesoría (hasta 50 millones de euros, de acuerdo con los cálculos de CEOE) siempre y cuando los desembolsos se hagan de acuerdo a un baremo transparente.

El problema estribaría en el hecho de que los agentes sociales sigan considerando estos cobros como la fuente primaria de sus ingresos. El objetivo de la reforma que baraja Empleo debe ser atajar de raíz el monopolio que hasta ahora sindicatos y patronal han ejercido sobre las labores formativas. Su acceso a ellas debe estar regido por la libre competencia con otros actores, mientras que los recursos para el sostenimiento de sus respectivas organizaciones tienen que provenir de las cuotas de los afiliados.