El juez estadounidense Thomas Griesa ha declarado en desacato a Argentina, según ha explicado, por su intención de eludir el fallo que obliga al país a pagar antes a los "fondos buitre" que a los bonitas que se sumaron a las reestructuraciones de deuda pública de 2005 y 2010.

"El problema es que Argentina ha estado y está dando pasos en un intento de evadir partes fundamentales de sus obligaciones", ha dicho en la audiencia que se ha celebrado este lunes en un tribunal del distrito de Manhattan.

A pesar de la declaración de desacato, el magistrado norteamericano ha aplazado su decisión sobre la posibilidad de imponer sanciones al país latinoamericano.

De esta forma, Griesa ha aceptado la petición de los fondos buitre, que a través de un escrito de 29 páginas solicitaron al juez estadounidense que declarara el desacato, argumentando que Argentina planea incumplir el fallo y aportando como prueba declaraciones del ministro de Economía, Axel Kicillof.

El ministro de Exteriores, Héctor Timerman, había advertido en una carta dirigida a Griesa que la cláusula 'pari passu', que exige la igualdad de trato a los acreedores, "no puede y no debe prohibir a un país soberano actos, incluyendo discursos de funcionarios políticos".

"Más aún, las sanciones por desacato son ilegales bajo la ley y práctica internacionales y socavan la dignidad de los estados soberanos", reza la misiva enviada por el jefe de la diplomacia argentina, según ha informado el diario Clarín.

Cambio de jurisdicción

La declaración de desacato se ha producido después de que una fuente del Banco Central de Argentina revelara a Reuters que este martes se realizará un depósito de 200 millones de dólares (157 millones de euros) para hacer frente al vencimiento de los bonos reestructurados.

Además, este informante de la autoridad monetaria ha detallado que el depósito se realizará en Nación Fideicomiso, que a partir de ahora reemplazará al Bank of New York Mellon (BONYM) como agente fiduciario en la deuda soberana argentina.

Se trata de la primera decisión del Gobierno amparada en la ley aprobada el pasado 11 de septiembre para que los acreedores de deuda reestructurada puedan canjear sus bonos por nuevos papeles con las mismas condiciones pero bajo legislación argentina.

En anteriores ocasiones, Griesa ha aclarado que la norma jurídica sobre el cambio de jurisdicción de los pagos de la deuda pública es ilegal, amparando así las solictudes de los fondos de inversión estadounidenses.

La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ha insistido en que Argentina quiere "solucionar el cien por cien de los tenedores de bonos de deuda argentina, en forma justa, equitativa, legal y sustentable, pero también de manera definitiva".