Cómo se regulan en España los impuestos que se pagan por el SMI

Bronca en el Consejo de Ministros por el pago del impuesto sobre la renta y el salario mínimo interprofesional. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha criticado que el Ministerio de Hacienda no haya elevado el mínimo exento del IRPF. Por tanto, a partir de febrero, las personas que cobren el SMI y se encuentren en la situación fiscal general (soltero y sin hijos a ojos de Hacienda) tendrán que pagar impuesto sobre la renta. La decisión, tal y como están redactadas las leyes tributarias en España, corresponde únicamente al Ministerio de Hacienda y al Consejo de Ministros, y no tiene que pasar por el Congreso.

La exención del SMI se regula en el Reglamento del IRPF. Esta norma es elaborada por el Gobierno y detalla aspectos técnicos sobre cómo recaudar el impuesto sobre la renta que la Ley del IRPF no especifica. Detrás de este galimatías jurídico se encuentran las figuras de los reales decretos y las leyes, que funcionan de manera distinta y son aprobados por instituciones diferentes siguiendo la filosofía de la separación de poderes:

• Las leyes son aprobadas por las Cortes Generales y regulan los aspectos más básicos de la vida doméstica en España. La Constitución y sus reformas, las leyes orgánicas como las de Sanidad o Educación y los aspectos generales de otras cuestiones como los impuestos o los presupuestos son decididos en el Parlamento.
• Los reales decretos son aprobados por el Gobierno en Consejo de Ministros y se encargan de detallar normas técnicas a partir de las leyes. No pueden contradecir las normas que provienen del Parlamento.

En España, a diferencia de otros países, existen dos figuras legales especiales llamada "reales decretos ley" y "reales decretos legislativos" (mismo sistema rige en las comunidades autónomas para sus competencias). Estos son leyes a todos los efectos y deben ser convalidados o provenir de un modo u otro con el plácet del Parlamento.

Hacienda tiene la primera palabra...

Volviendo al SMI, el actual límite de exención para el caso de un contribuyente que esté en el caso general es de 15.876 euros brutos al año, que coincidía con el SMI de 2024. Al igual que la fijación del salario mínimo interprofesional, que tampoco tiene que pasar por el Congreso y es decisión exclusiva del Ministerio del Trabajo y del Gobierno, subir o dejar igual el límite del IRPF es decisión del Ministerio de Hacienda, que lo propone, y del Gobierno en su conjunto en Consejo de Ministros, que así lo aprueba. Los reales decretos se aprueban en este organismo en sus reuniones semanales, que convoca a los ministros y el presidente del Gobierno en una sala a puerta cerrada.

... El Congreso tiene la última

Yolanda Díaz ha declarado que Sumar llevará al Parlamento la polémica y buscar con otros partidos políticos una reforma que blinde el SMI. Si Sumar consiguiera los apoyos suficientes, el Congreso podría aprobar una reforma de la Ley del IRPF que modificara esta situación. Por el mismo principio, futuros acuerdos podrían revocar dicha medida.

La arquitectura constitucional permite esta posibilidad, que ya fue empleada por los partidos en el Gobierno para blindar la revalorización de las pensiones con respecto a la inflación y que no tuviese el Ejecutivo o el Parlamento que decidirla cada año, según argumentó el Gobierno entonces. En la práctica, debido a la letra pequeña de la ley de la Seguridad Social, sigue necesitando pasar anualmente por el Congreso.

Si cobro el SMI, ¿qué ocurre ahora?

Mientras la situación jurídica no cambie, una persona que se encuentre soltera sin hijos o solo con uno y cobre el SMI de 2025 (fijado en 16.576 euros anuales) tendrá que empezar a pagar impuesto sobre la renta, que la empresa le retendrá en la nómina mensual y abonará a la Agencia Tributaria. El resto de casos no pagarán IRPF.

Eso sí, si la persona no tiene otras fuentes de ingresos y el salario mínimo es su fuente única de dinero, no tendrá que presentar declaración de la renta, ya que el mínimo es de 22.000 euros anuales. Y en este caso, la medida está en la ley y no en un reglamento.